El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer nuevos aranceles de 10 y 12.5% a las importaciones procedentes de 60 economías investigadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, al considerar que no han adoptado o aplicado de manera efectiva medidas para impedir el ingreso de mercancías elaboradas con trabajo forzado. La decisión entrará en vigor este viernes, una vez que expiren los aranceles temporales de 10% establecidos previamente. La medida busca mantener la política comercial de la Casa Blanca luego de que la Corte Suprema limitó el uso de las facultades de emergencia económica para imponer gravámenes generalizados.
La investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) clasificó a las economías en dos categorías. La primera comprende 54 economías que, según Washington, no cuentan con prohibiciones o mecanismos eficaces para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzado, las cuales enfrentarán un arancel de 12.5%.
En una segunda categoría se encuentran Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán, que sí cuentan con legislación o restricciones para impedir ese tipo de importaciones, pero que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, no aplican esas medidas de manera efectiva. Para estas seis economías se estableció un arancel de 10%.
En el caso de México, la orden ejecutiva mantiene la exención para los bienes que cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que una parte importante de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense sin este nuevo gravamen.
La Casa Blanca argumentó que las importaciones elaboradas mediante trabajo forzado generan una competencia desleal para las empresas estadounidenses, deprimen los salarios y perpetúan prácticas que vulneran los derechos humanos. Por ello, sostuvo que los nuevos aranceles buscan incentivar a los socios comerciales a fortalecer sus mecanismos de vigilancia y cumplimiento en las cadenas globales de suministro.
La medida representa un nuevo capítulo en la política comercial de Donald Trump. Después de que la Corte Suprema determinó que el presidente no podía utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para sustentar los llamados «aranceles recíprocos», la administración recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite adoptar represalias comerciales tras una investigación sobre prácticas consideradas desleales.
Con esta decisión, la Casa Blanca mantiene su estrategia de utilizar los aranceles como instrumento de presión comercial y diplomática, al tiempo que preserva el trato preferencial para los productos amparados por el T-MEC, uno de los principales acuerdos comerciales de Estados Unidos.
