La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de formar parte de una organización criminal dedicada al contrabando de combustibles y de haber recibido más de 18 millones de pesos como parte de las operaciones ilícitas atribuidas a la empresa Ingemar, de la que era accionista.
Durante la audiencia en la que un juez federal revisó las medidas cautelares contra Ruffo y otros implicados, el Ministerio Público Federal sostuvo que el exmandatario panista desempeñaba funciones de dirección dentro de la organización y participó en el aprovechamiento económico del esquema de «huachicol fiscal», mediante el cual combustible importado ingresaba al país con documentación falsa para evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con la imputación presentada por la FGR, Ruffo habría recibido depósitos por alrededor de 18 millones de pesos derivados de las actividades de la red delictiva. La Fiscalía también señaló que la organización ocasionó un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos por concepto de impuestos no pagados.
El exgobernador rechazó las acusaciones y aseguró que su participación en Ingemar se limitó a la de un inversionista, sin intervenir en las operaciones de comercio exterior o importación de combustibles. Su defensa sostuvo que no existen elementos que acrediten que haya participado en actividades ilícitas ni que conociera el presunto esquema de contrabando.
Ruffo fue detenido la semana pasada junto con otros presuntos integrantes de la red investigada por delincuencia organizada y contrabando. Un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá internado en el penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso penal en su contra.
