El Gobierno de México presentó un decreto presidencial que obligará a las plataformas digitales a impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos que promuevan la violencia, el abuso sexual, el suicidio, las autolesiones, el acoso escolar y otras conductas de riesgo. La medida también establecerá obligaciones de privacidad y seguridad desde el diseño de los servicios, así como mecanismos para retirar publicaciones, atender denuncias y colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre los alcances del instrumento durante la conferencia matutina de este viernes y adelantó que se prevé publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el martes o miércoles de la próxima semana, una vez que concluyan las revisiones jurídicas y el diálogo con las empresas tecnológicas.
“Es un decreto, no podemos permitir que las plataformas digitales sean espacios no seguros para niñas, niños y adolescentes”, afirmó la mandataria al explicar que las empresas deberán asumir la responsabilidad de proteger a las personas menores de edad frente a contenidos que puedan poner en riesgo su integridad.
La iniciativa fue presentada por la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino. El objetivo es establecer obligaciones para los servicios digitales que permiten la interacción entre usuarios y la generación, difusión o intercambio de contenidos en internet.
Sheinbaum sostuvo que la medida se encuentra dentro de las atribuciones del Ejecutivo federal y busca que las plataformas con publicaciones y alcance en territorio nacional retiren los contenidos señalados cuando puedan ser accesibles para niñas, niños y adolescentes.
¿Qué contenidos deberán impedir las plataformas?
El decreto establece que las plataformas digitales no podrán permitir el acceso, la exposición o la recomendación a niñas, niños y adolescentes de contenidos, imágenes o videos que generen o promuevan:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación o violencia sexual.
- Suicidio y autolesiones deliberadas.
- Trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso, ciberacoso y ciberbullying.
- Conductas ilícitas.
- Material sexual explícito.
La disposición comprende tanto publicaciones como cuentas que promuevan o generen violencia. Por ello, las empresas deberán desarrollar mecanismos para detectar estos contenidos y retirarlos de inmediato, además de establecer medidas para evitar que lleguen a los perfiles de usuarios menores de edad.
La consejera jurídica explicó que el instrumento no se limita a establecer una lista de materiales prohibidos, sino que plantea obligaciones preventivas para las compañías: la protección deberá incorporarse desde el diseño de sus servicios y no depender exclusivamente de que madres, padres, tutores o los propios usuarios activen restricciones después de abrir una cuenta.
“Privacidad y seguridad activas de manera predeterminada”, expuso Alcalde al detallar uno de los componentes centrales de la propuesta. Esto significa que niñas, niños y adolescentes deberán contar desde el inicio con la configuración más protectora, sin necesidad de modificar manualmente las opciones de sus perfiles.
Seguridad desde el diseño y controles parentales
Las plataformas deberán contar con sistemas para identificar y retirar de inmediato cuentas o publicaciones que promuevan cualquier forma de violencia. También tendrán que clasificar los contenidos por edad, de manera que se diferencie aquello a lo que pueden acceder personas menores de edad.
Otro componente son las herramientas de supervisión de fácil acceso para madres, padres y personas tutoras. A ellas se suman mecanismos para que los usuarios puedan reportar cuentas y contenidos violentos cuando los detecten.
La propuesta busca, de esta forma, combinar la detección de publicaciones con medidas preventivas que reduzcan la exposición de menores a materiales dañinos. Las restricciones de privacidad y seguridad deberán estar activas de manera predeterminada, mientras que las herramientas de denuncia facilitarán que los usuarios informen a las plataformas sobre posibles infracciones.
Durante la presentación, Alcalde señaló que el instrumento fue elaborado con la participación de la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital y otras personas expertas. Añadió que el Gobierno federal continuará trabajando en propuestas regulatorias para fortalecer la protección de la infancia y la adolescencia en internet.
Enlace permanente con autoridades y entrega de evidencia
El decreto también prevé obligaciones de colaboración con las instancias de seguridad y procuración de justicia. Las plataformas deberán disponer de un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender los requerimientos de información de las autoridades investigadoras.
Además, deberán preservar y entregar evidencia e información a dichas autoridades, y alertarlas de inmediato cuando identifiquen contenidos que atenten contra la vida.
Este componente busca facilitar la coordinación entre las empresas tecnológicas y las instituciones encargadas de investigar posibles delitos. La propuesta contempla un intercambio de información que permita actuar con mayor oportunidad cuando se detecten situaciones de riesgo.
José Antonio Peña Merino explicó que las empresas ya cuentan con algoritmos y políticas para identificar y retirar grandes cantidades de contenidos, pero el Gobierno busca ampliar las categorías de riesgo contempladas y fortalecer la coordinación con las autoridades investigadoras.
En ese sentido, el decreto no parte de que las plataformas carezcan de mecanismos de moderación, sino de la necesidad de ampliar y homologar sus capacidades para detectar contenidos dañinos, además de precisar las obligaciones de colaboración institucional.
¿Habrá sanciones para las plataformas que incumplan?
Por el momento, el decreto no contempla sanciones específicas para las empresas que no cumplan con las obligaciones anunciadas. La presidenta explicó que el Gobierno buscará primero que las plataformas adopten las medidas y se incorporen a este esfuerzo de protección.
“Es un decreto obligatorio, no punitivo, pero obligatorio, es un decreto presidencial”, resumió Peña Merino durante la conferencia.
La distinción es relevante: la medida no se plantea como un acuerdo voluntario, aunque inicialmente no incluye un régimen de sanciones. Sheinbaum señaló que, si las plataformas incumplen, se analizará una regulación posterior que permita establecer consecuencias.
“Si las plataformas no lo cumplen, entonces lo vamos a hacer ley, con sus sanciones”, afirmó la mandataria al responder una pregunta sobre la aplicación de la medida.
La Consejería Jurídica instalará una mesa de trabajo para coordinar la elaboración de propuestas regulatorias adicionales. El propósito será determinar si se requiere modificar alguna ley o crear disposiciones específicas para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
La publicación del decreto se prevé para la próxima semana. Antes, el Gobierno federal mantendrá conversaciones con las empresas para precisar los mecanismos que necesitarán implementar. Sheinbaum dijo que su intención es que las medidas comiencen a aplicarse a partir de la publicación, aunque se dialogará con las plataformas sobre las condiciones para cumplirlas.
Prevención, salud mental y acompañamiento familiar
La estrategia incluye acciones complementarias de prevención y apoyo psicológico. Una de ellas es la Línea de la Vida, a través del número 800-911-2000, que ofrece orientación y apoyo para niñas, niños y adolescentes, así como para sus madres, padres o personas tutoras.
También contempla la difusión del programa ABC de las emociones, con información sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales. Estas acciones se coordinarán con las secretarías de Educación Pública y de Salud.
Sheinbaum señaló que el trabajo preventivo se vinculará con las actividades educativas y con las asambleas dirigidas a madres y padres de familia. De acuerdo con la presidenta, ya se distribuyen guías diferenciadas para familias, estudiantes de tercero de secundaria y educación media superior, así como para maestras y maestros.
La mandataria informó que se han realizado 35 mil asambleas relacionadas con el ABC de las emociones. También explicó que, en tercero de secundaria y educación media superior, se dedica una hora semanal a actividades para hablar sobre las emociones.
El objetivo es que la protección no dependa únicamente de la intervención de las plataformas, sino que incluya información para las familias, acompañamiento escolar y herramientas de orientación para jóvenes.
La presidenta vinculó la decisión con casos recientes de violencia relacionados con entornos escolares y con investigaciones en las que la comunicación mediante redes y plataformas digitales ha formado parte de las conductas detectadas. Afirmó que el Gobierno busca evitar que esos espacios promuevan agresiones y comportamientos que pongan en peligro a estudiantes.
Diálogo con las empresas y aplicación nacional
Peña Merino indicó que el Gobierno mantiene conversaciones con plataformas como Meta, Google y TikTok. Según explicó, las empresas han compartido información sobre los mecanismos que ya utilizan para detectar y retirar contenidos, y el diálogo busca ampliar las categorías que pueden identificar, compartir experiencias y reforzar los canales de comunicación con las autoridades.
El funcionario señaló que la cooperación también permitirá revisar prácticas aplicadas en otros países y valorar cuáles pueden implementarse en México.
La presidenta Sheinbaum aclaró que no será necesaria la intervención de los gobiernos estatales para que el decreto entre en vigor, pues se trata de un instrumento federal emitido dentro de las atribuciones del Ejecutivo. Las obligaciones se dirigirán a las plataformas digitales cuyo alcance y publicaciones se encuentren en territorio nacional.
Con la publicación prevista para la próxima semana, el Gobierno buscará establecer una base de obligaciones para las empresas tecnológicas y, al mismo tiempo, abrir una segunda etapa de trabajo jurídico para determinar si se requieren disposiciones legales adicionales.
El alcance final dependerá de la versión que se publique en el DOF y de las medidas que las plataformas deban implementar para cumplir con sus obligaciones. Por ahora, el planteamiento central es que la protección de niñas, niños y adolescentes deje de depender únicamente de los controles que activen sus familias y se incorpore a la configuración, moderación y operación de los propios servicios digitales.
