Los sistemas de pensiones de diversas universidades públicas autónomas enfrentan una creciente presión financiera y obligan a discutir no solamente la necesidad de mayores recursos, sino también la viabilidad de los esquemas que fueron construidos durante décadas.
Ante la solicitud de universidades que buscan mayores recursos en la Cámara de Diputados para hacer frente a sus obligaciones pensionarias, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que se trata de un problema que se ha acumulado durante años y que presenta características particulares en cada institución.
“El régimen de pensiones de muchas universidades autónomas es muy especial. En algunos casos, por ejemplo, tienen doble pensión. En otros casos tienen pensiones donde no aportó el trabajador”, explicó la presidenta.
Sheinbaum señaló que existen diversos mecanismos mediante los cuales se establecieron estos sistemas y advirtió que, en algunos casos, los montos de las pensiones son excesivos frente a las aportaciones realizadas.
La presidenta informó que Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, trabaja con las universidades para analizar alternativas y dialogar con rectores, rectoras y académicos sobre posibles soluciones.
“Por supuesto que si hay un contrato colectivo que establece esas condiciones, pues hay que revisarlo y siempre hay que dar soluciones en diálogo, ya sea con los sindicatos o con los propios académicos”, señaló.
El problema adquiere especial relevancia debido al peso que las obligaciones pensionarias tienen sobre las finanzas de las instituciones. Información difundida este martes señala que los sistemas de pensiones representan, en promedio, alrededor de 40 por ciento de la nómina de las universidades públicas estatales.
Para Sheinbaum, por ello, la solución no consiste únicamente en incrementar los recursos destinados al pago de pensiones, sino en revisar el origen y funcionamiento de los esquemas existentes.
“Entonces, por eso no es nada más el recurso para las pensiones, sino ver los mecanismos a través de los cuales se generaron estos esquemas de pensiones, que algunos son muy, muy, muy excesivos”, afirmó.
La discusión también enfrenta un componente laboral. Cuando las prestaciones están establecidas en contratos colectivos, cualquier modificación requiere negociación con sindicatos y trabajadores, además de considerar los derechos adquiridos.
La Presidenta sostuvo que el objetivo es encontrar una condición que sea “sustentable y que sea justa”, y señaló que ya se han alcanzado acuerdos en diversas universidades para atender sus problemas financieros.
El Gobierno federal prevé que Villanueva pueda presentar posteriormente información más detallada sobre estos sistemas, incluidos los mecanismos mediante los cuales fueron construidos.
El desafío para las universidades públicas es complejo: deben garantizar los derechos pensionarios de sus trabajadores sin que el crecimiento de estas obligaciones termine desplazando recursos necesarios para la docencia, la investigación, la infraestructura y la expansión de la educación superior.
Más que una discusión exclusivamente presupuestal, el tema plantea una pregunta de fondo para las próximas décadas: ¿cómo hacer sostenibles los sistemas de pensiones universitarios sin comprometer la capacidad de las instituciones públicas para cumplir con sus funciones educativas y científicas?
