La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que el Gobierno de México analiza una solicitud de Estados Unidos para la detención con fines de extradición de 10 personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero subrayó que no existe una solicitud formal de extradición, sino únicamente una petición de carácter provisional.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria detalló que el mecanismo activado corresponde a una detención provisional con fines de extradición, utilizada en casos considerados urgentes.
“No hay una solicitud formal de extradición; lo que existe es una solicitud de detención provisional con fines de extradición”, puntualizó.
Dos tipos de solicitudes: provisional y formal
Alcalde explicó que el tratado bilateral contempla dos vías:
“Hay dos tipos de solicitudes: la solicitud formal de extradición, que ya contiene todas las pruebas y los elementos, y la solicitud de detención provisional, que se utiliza en casos urgentes”.
Precisó que, en este último supuesto, el país requirente debe presentar posteriormente la solicitud formal dentro de un plazo determinado, acompañada de la evidencia que sustente los आरोपaciones.
“La detención provisional no sustituye la solicitud formal; es un mecanismo previo mientras se integra el expediente completo”, indicó.
Sheinbaum cuestiona la urgencia
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda que existan elementos que justifiquen la urgencia de la medida solicitada por Estados Unidos.
“Tendrían que explicar por qué es tan urgente. No hay, hasta ahora, elementos que nos hayan presentado que justifiquen esa urgencia”, señaló.
La mandataria adelantó que el Gobierno de México solicitará mayor información y pruebas para sustentar la petición.
“Se va a pedir información adicional para saber en qué se basa esta solicitud”, agregó.
Proceso en manos de FGR y Poder Judicial
Alcalde explicó que la solicitud fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá analizar su procedencia.
“No significa que automáticamente se vaya a detener a nadie. Se tiene que revisar que se cumplan todos los requisitos legales”, afirmó.
Insistió en que el proceso es estrictamente jurídico:
“No es una decisión política. Cada autoridad actúa en el ámbito de sus competencias: la Cancillería recibe, la Fiscalía analiza y los jueces determinan”.
Acusan violación a confidencialidad
La consejera jurídica también denunció que la difusión pública del caso pudo haber vulnerado el principio de confidencialidad que rige los procedimientos de extradición.
“Este tipo de solicitudes deben manejarse bajo estricta confidencialidad”, sostuvo.
Advirtió que la exposición mediática ha generado afectaciones a las personas señaladas.
“Se ha generado un linchamiento mediático sin que exista siquiera una solicitud formal ni una determinación judicial”, dijo.
Presunción de inocencia
Alcalde reiteró que las personas incluidas en la solicitud, incluido Rocha Moya, cuentan con presunción de inocencia.
“No hay culpabilidad hasta que no exista una resolución judicial. Estamos en una etapa preliminar”, subrayó.
Caso en etapa inicial
El Gobierno federal insistió en que el caso se encuentra en una fase inicial y que cualquier avance dependerá de que Estados Unidos presente la solicitud formal con los elementos probatorios necesarios.
Mientras tanto, México dará seguimiento conforme a derecho y en apego a los tratados internacionales.
