- La cadena perpetua contra Ismael «El Mayo» Zambada no sólo pone fin al proceso judicial contra uno de los narcotraficantes más influyentes de las últimas cuatro décadas. También mantiene abiertos los desafíos para la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
La sentencia de cadena perpetua impuesta en Estados Unidos a Ismael «El Mayo» Zambada García, considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, marca el cierre judicial de uno de los expedientes más emblemáticos del narcotráfico internacional. Sin embargo, para el Gobierno de México, el caso continúa teniendo implicaciones jurídicas, diplomáticas y de cooperación bilateral que van mucho más allá de la condena.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó emitir una valoración personal sobre el fallo dictado por la justicia estadounidense.
«No hay una opinión personal sobre eso, es lo que es», respondió la mandataria al ser cuestionada sobre la resolución que condenó al histórico capo a pasar el resto de su vida en prisión, además del pago de una multa multimillonaria.
La respuesta refleja la posición que ha mantenido el Gobierno mexicano respecto a los procesos judiciales desarrollados en Estados Unidos: respeto a las decisiones de las cortes extranjeras, sin intervenir en resoluciones que corresponden a otro sistema judicial.
Una sentencia histórica
Con la resolución dictada por la justicia estadounidense concluye el proceso penal contra quien durante más de cuatro décadas fue considerado uno de los operadores más influyentes del narcotráfico internacional y uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.
A diferencia de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien fue capturado y extraditado, «El Mayo» nunca había pisado una cárcel hasta julio de 2024, cuando apareció bajo custodia de autoridades estadounidenses tras una operación que modificó por completo el panorama del crimen organizado en ambos países.
Su condena representa uno de los golpes judiciales más relevantes contra el narcotráfico mexicano en territorio estadounidense y forma parte de la estrategia que Washington ha sostenido durante décadas para perseguir a los principales líderes de los cárteles.
Dos años de preguntas sobre su traslado
Más allá de la sentencia, el caso estuvo rodeado desde el inicio por interrogantes que tensaron la relación bilateral.
Durante casi dos años, el Gobierno de México solicitó formalmente información al Gobierno de Estados Unidos sobre las circunstancias en las que Ismael Zambada fue trasladado a territorio estadounidense.
La administración mexicana insistió en conocer si el ingreso del capo ocurrió mediante un procedimiento de cooperación judicial, una entrega negociada o una operación encubierta, debido a que el episodio planteaba interrogantes sobre el respeto a la soberanía nacional y los mecanismos de colaboración entre ambos países.
Con el avance de las investigaciones y de los documentos judiciales difundidos en Estados Unidos se conoció que Zambada llegó a ese país después de haber sido engañado y trasladado en un avión privado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien posteriormente también quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses. La información conocida hasta ahora apunta a que la operación concluyó con la intervención de autoridades federales estadounidenses al momento del aterrizaje de la aeronave, aunque diversos aspectos del operativo permanecen bajo reserva.
El episodio provocó un amplio debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercambio de información entre ambos gobiernos.
Cooperación bajo nuevas reglas
El caso de «El Mayo» se convirtió en uno de los primeros grandes retos de la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad durante la administración de Claudia Sheinbaum.
La exigencia de información por parte del Gobierno mexicano respondió no sólo al interés por conocer los detalles del operativo, sino también a la necesidad de garantizar que las acciones de combate al crimen organizado respeten los principios de soberanía y coordinación institucional establecidos entre ambas naciones.
Aunque ambos gobiernos mantienen una estrecha colaboración para combatir el tráfico de drogas, armas y dinero ilícito, el traslado de Zambada evidenció la importancia de fortalecer los canales de comunicación y transparencia entre las agencias de seguridad.
El mensaje político de Sheinbaum
Lejos de centrar su discurso en la figura del narcotraficante, la presidenta aprovechó el tema para enviar un mensaje dirigido a la juventud.
Advirtió que ninguna organización criminal representa una alternativa de desarrollo y aseguró que incorporarse a estos grupos significa, en realidad, acercarse a una vida marcada por la violencia.
«Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte», afirmó.
Sheinbaum sostuvo que quienes ingresan a estas organizaciones viven bajo un entorno permanente de persecución, miedo e incertidumbre, por lo que pidió a las nuevas generaciones no idealizar la delincuencia organizada.
La mandataria también cuestionó la narrativa que, durante años, predominó en distintos espacios públicos y mediáticos.
Afirmó que durante el periodo neoliberal existió una contradicción entre el discurso oficial de combate al crimen y la normalización, o incluso glorificación, de figuras del narcotráfico en diversas expresiones culturales, situación que, dijo, contribuyó a distorsionar la percepción social sobre el poder de estas organizaciones.
¿Puede México reclamar los 15 mil millones de dólares?
Otro de los temas que permanece abierto es el destino de la multa de aproximadamente 15 mil millones de dólares impuesta por la corte estadounidense.
La presidenta explicó que corresponderá a la Fiscalía General de la República analizar si existen bases jurídicas para que México pueda reclamar parte de esos recursos.
De acuerdo con Sheinbaum, la FGR deberá revisar los tratados internacionales, los mecanismos de cooperación judicial y las posibilidades legales para solicitar que una parte de esos bienes pueda destinarse a la reparación del daño ocasionado por las actividades del crimen organizado en territorio mexicano.
Más allá de una sentencia
La condena contra Ismael «El Mayo» Zambada representa el cierre judicial de uno de los personajes más influyentes del narcotráfico contemporáneo, pero no significa el fin de los desafíos que enfrentan México y Estados Unidos en materia de seguridad.
El caso deja abiertas preguntas sobre los mecanismos de cooperación entre ambos países, el intercambio de inteligencia, el respeto a la soberanía y la recuperación de activos provenientes de organizaciones criminales.
Mientras Washington considera concluido uno de sus procesos penales más importantes contra un líder del narcotráfico, en México el expediente continúa generando implicaciones jurídicas y políticas. La eventual recuperación de recursos, el esclarecimiento total de las circunstancias de su traslado y el fortalecimiento de la cooperación bilateral seguirán formando parte de una agenda compartida entre ambas naciones.
¿Qué cambia para el Cártel de Sinaloa?
Aunque Ismael «El Mayo» Zambada ya se encontraba bajo custodia desde julio de 2024, la sentencia de cadena perpetua cierra definitivamente cualquier posibilidad de que el histórico líder del Cártel de Sinaloa vuelva a desempeñar un papel dentro de la organización criminal.
Para especialistas en seguridad, la condena tiene un valor simbólico porque representa el cierre judicial de uno de los últimos fundadores históricos del Cártel de Sinaloa que permaneció en libertad durante décadas y confirma la fragmentación de la organización entre distintas facciones que buscan el control de las rutas del narcotráfico, particularmente del fentanilo hacia Estados Unidos.
Tras la captura de Joaquín «El Chapo» Guzmán y la detención de Zambada, el liderazgo del grupo criminal dejó de concentrarse en una sola figura para fragmentarse entre diversos liderazgos regionales, principalmente las estructuras vinculadas a Los Chapitos y otros grupos afines al propio Zambada.
Esa recomposición ha derivado en episodios de violencia en Sinaloa y en una mayor presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses para desarticular las redes financieras, logísticas y de producción de drogas sintéticas.
La sentencia también envía un mensaje de continuidad en la política estadounidense de perseguir no sólo a los operadores del narcotráfico, sino también a las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones criminales mediante el decomiso de bienes y recursos financieros.
Un caso que redefine la cooperación bilateral
El expediente de Ismael Zambada también deja lecciones para la relación entre México y Estados Unidos. Para la administración de Claudia Sheinbaum, el caso abrió una discusión más amplia sobre los mecanismos de cooperación en materia de seguridad. El reto hacia adelante será fortalecer el intercambio de inteligencia, la transparencia entre instituciones y el respeto a la soberanía de ambos países, al tiempo que continúa la estrategia conjunta para combatir el tráfico de fentanilo, armas y recursos financieros del crimen organizado.
Con el paso de los meses, las investigaciones y los documentos judiciales difundidos en Estados Unidos permitieron conocer que Zambada fue llevado a ese país tras ser engañado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien también quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, diversos aspectos del operativo y del nivel de conocimiento previo que tuvieron las agencias estadounidenses continúan formando parte de investigaciones y procedimientos judiciales, por lo que aún existen elementos que no han sido esclarecidos públicamente.
Las autoridades mexicanas han sostenido que es indispensable esclarecer plenamente los hechos para determinar si la operación se realizó dentro de los mecanismos de cooperación bilateral o si existieron actuaciones que deban explicarse desde el punto de vista del derecho internacional y del respeto a la soberanía mexicana.
En ese contexto, la sentencia contra «El Mayo» Zambada no representa únicamente el cierre judicial de uno de los casos más emblemáticos del narcotráfico internacional, sino que mantiene abiertos los desafíos para la cooperación bilateral en materia de seguridad. El reto para ambos gobiernos será fortalecer el intercambio de inteligencia, la coordinación institucional y el respeto al marco jurídico de cada nación, mientras enfrentan una amenaza criminal que opera a ambos lados de la frontera.
