El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, rechazó las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico formuladas por autoridades de Estados Unidos y aseguró que se trata de un ataque con motivaciones políticas dirigido no sólo contra su persona, sino contra el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
En un posicionamiento público, el legislador sostuvo que los señalamientos carecen de sustento y responden a una estrategia de desprestigio. “Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, expresó.
Inzunza afirmó que el señalamiento trasciende su caso individual y se inscribe en una ofensiva política más amplia. “No es sólo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación”, señaló, al tiempo que advirtió que dichas acusaciones también buscan afectar al partido Morena y a sus principales referentes políticos.
El senador vinculó la difusión de la presunta investigación con el contexto político reciente, particularmente con sus declaraciones sobre la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. En ese sentido, defendió el principio de soberanía nacional y cuestionó lo que consideró una injerencia externa en asuntos internos.
Asimismo, subrayó que su trayectoria pública ha estado marcada por el servicio y el trabajo institucional, y rechazó que su origen en Badiraguato, Sinaloa, sea utilizado para estigmatizarlo. “En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, declaró.
Las declaraciones del legislador se dan en medio de un clima de tensión política, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense diera a conocer acusaciones contra diversos funcionarios de Sinaloa, entre ellos el propio Inzunza y el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En el Senado, legisladores de Morena han llamado a la prudencia y a esperar la presentación de pruebas por parte de las autoridades estadounidenses, bajo el principio de que “el que acusa está obligado a probar”.
En este contexto, la respuesta de Inzunza se suma a una serie de posicionamientos de actores políticos que han cuestionado la solidez de las acusaciones y han planteado la necesidad de respetar los cauces institucionales y la soberanía nacional en el tratamiento de este caso.
