Hoy en la Mañanera del Pueblo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004.
Hace unos días el expresidente Ernesto Zedillo aseguró que hubo una auditoría internacional al Fobaproa. En la conferencia en Palacio Nacional, la presidenta dio lectura a unos párrafos del informe de la auditoría en donde se señala lo contrario:
“Les voy a poner algunos párrafos de este documento a ver si… Fíjense, esta es la página 22:
Tanto la Ley de Instituciones de Créditos, en su artículo 122, como el contrato constitutivo y sus modificaciones del Fobaproa contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del Fondo. La carencia de políticas ―esto es informe de la Auditoría Superior de la Federación― la carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación —o sea, la carencia de políticas prudenciales y reglas de operación— dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo.”
La mandataria recordó que la Auditoría Superior de la Federación es el mayor auditor en México, porque responde al Poder Legislativo y auditan todos los recursos a nivel federal, estatal y municipal.
La presidenta Sheinbaum dio lectura a la página 339 del reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre Fobaproa, hoy IPAB:
“Las principales consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación que se desprenden de esas 70 auditorías son:
La ratificación de que el Comité Técnico del Fobaproa actuó sin reglas, ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones.”
- d) —Hay más, pero ponemos las principales— Del análisis de los 25 informes presentados por los despachos contratados —estos son las supuestas auditorías que se hicieron—se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados, ni confirmados. Asimismo,los —reportes de bancos en inglés— bank reports, que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor Michael Mackey elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; sin embargo, la Cámara de Diputados, en su momento, otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados.
Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante.
43.- Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la auditoría 199 a la que se refería —ahí se ponen los bancos—; por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citada —promovido por la Suprema Corte—. En congruencia con el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante diversos oficios, que se dejaba sin efecto 7 auditorías que se estaban realizando de conformidad con el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la Cuenta Pública 2004.
La presidenta agregó que tampoco los programas de apoyo a los ahorradores fueron aplicados bajo criterios claros:
“Por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados, sin embargo, el proceso de decisión, en lo general, careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas.”
A pregunta expresa de si estas irregularidades podrían ser motivo para dejar de pagar la deuda del Fobaproa, la presidenta respondió que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora estará en la Mañanera del Pueblo para explicar el esquema de pagos para el Fobaproa y agregó que esta deuda terminará de pagarse en 2050.
Reiteró que lo ocurrido con el Fobaproa fue muy grave porque no permitió la discusión de otras opciones para llevar a cabo el rescate bancario y se convirtieron en públicas las deudas privadas, también se agrega la asignación de estos apoyos se hizo de manera discrecional:
“Pero aquí el problema es que no solamente es el rescate bancario que convirtió deudas privadas, un banco debía a otro banco, deuda privada en deuda de todos los mexicanos. No solo ese es el problema, sino que los criterios para pagarle a quién —lo dice la Auditoría— no tuvieron ni siquiera reglas de operación, fue completamente discrecional, ¿qué le pagaban a quién?, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿a partir de qué?, fue absolutamente discrecional, y ahí hubo una enorme corrupción”.
A continuación compartimos el documento presentado en la Mañanera del Pueblo con las páginas del Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004.
Informe_Integral_sobre_la_Fiscalización_del_Rescate_Bancario_de_1995-2004
