El gobierno federal puso en marcha una estrategia de reordenamiento del sistema hídrico nacional que combina revisión de concesiones, combate al uso irregular del agua y un nuevo esquema de coordinación entre Federación, estados y municipios para ampliar infraestructura hidráulica.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que muchos municipios del país enfrentan limitaciones presupuestales y operativas para mantener sistemas de agua potable y plantas de tratamiento, lo que ha provocado rezagos en infraestructura básica.
Para atender el problema, explicó que el gobierno federal promovió que parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se destinen prioritariamente a proyectos hidráulicos.
“¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Y el recurso del FAIS del municipio, del Estado y un recurso adicional de la federación lo ocupamos para una obra de agua potable”, señaló.
La mandataria detalló que esta estrategia permitió impulsar cerca de 2 mil 300 obras de agua potable en distintas regiones del país, mediante esquemas de financiamiento conjunto entre los tres niveles de gobierno.
Uno de los principales desafíos, explicó, es evitar el abandono de plantas de tratamiento debido a los costos de operación, especialmente electricidad e insumos. Como ejemplo mencionó el modelo implementado en Tlaxcala, donde el gobierno estatal asumió junto con los municipios la administración de instalaciones hidráulicas.
“Juntos tengan recursos para que nunca se abandonen las plantas de tratamiento en el país”, indicó Sheinbaum.
La estrategia también se aplicará en Acapulco, donde se desarrollan nuevas plantas de tratamiento con inversiones cercanas a 8 mil millones de pesos. El objetivo, explicó, es que la operación quede compartida entre municipio, estado y Federación para garantizar su funcionamiento a largo plazo.
Paralelamente, la Comisión Nacional del Agua informó que realizó una revisión documental de cerca de 580 mil títulos de concesión de agua para detectar irregularidades en el uso del recurso.
De acuerdo con funcionarios federales, una parte de las anomalías detectadas corresponde a concesiones otorgadas originalmente para uso agrícola que terminaron abasteciendo industrias, desarrollos inmobiliarios o instalaciones recreativas.
“Muchos de los títulos que estaban dados originalmente para uso agrícola y por los cuales no se paga, estaban siendo utilizados en realidad para atender industrias, algunos desarrollos inmobiliarios, campos de golf”, señalaron autoridades.
El gobierno también detectó casos de extracción y comercialización irregular de agua mediante pipas. En esos casos, las autoridades aseguraron que se aplican clausuras, procedimientos administrativos y denuncias penales.
“Cuando detectamos que alguien está vendiendo pipas, se lleva a cabo de inmediato la clausura (…) además estamos presentando denuncias penales”, informó Conagua.
Además del componente sancionatorio, el gobierno federal busca regularizar consumos excedentes mediante instalación de medidores y actualización de pagos conforme al volumen real utilizado.
Según las autoridades, parte del agua recuperada mediante inspecciones ya comenzó a redistribuirse hacia comunidades y productores agrícolas que anteriormente tenían acceso limitado al recurso.
La administración federal sostiene que el objetivo central de la reforma hídrica es garantizar una distribución “más equitativa” del agua y priorizar el derecho humano al acceso al recurso frente a usos considerados excesivos o privilegiados.
