La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México agotará todas las vías legales y diplomáticas para exigir justicia por la muerte de ciudadanos mexicanos en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que su administración no permanecerá indiferente ante estos casos y reiteró el compromiso de brindar respaldo a las familias de las víctimas, así como protección consular a los connacionales.
“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE”, señaló.
Sheinbaum subrayó que el Gobierno de México tiene la obligación de defender los derechos de los mexicanos en el extranjero, especialmente de quienes migraron para trabajar de manera honesta en Estados Unidos.
Como parte de estas acciones, informó que se han enviado 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense para exigir el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezado por Volker Türk, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, dio a conocer que existen 17 casos documentados de mexicanos fallecidos en situaciones relacionadas con ICE. De ellos, 14 murieron mientras se encontraban bajo custodia en centros de detención y tres perdieron la vida durante operativos migratorios.
Entre estos casos se encuentra el de Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció el pasado 7 de julio tras recibir disparos por parte de agentes de ICE durante un operativo realizado en Houston, Texas.
En respuesta a estos hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales de Estados Unidos y ante el Departamento de Justicia de ese país, con el objetivo de investigar y sancionar a los responsables.
Además, el Gobierno de México emprenderá acciones civiles contra las empresas privadas encargadas de operar los centros de detención migratoria donde ocurrieron las muertes. Para ello, enviará cartas de cese y desistimiento exigiendo que cesen las condiciones y prácticas que, de acuerdo con la Cancillería, han derivado en violaciones a los derechos humanos y en el fallecimiento de ciudadanos mexicanos.
Con estas medidas, la administración federal busca fortalecer la protección de los derechos de los migrantes mexicanos, exigir la rendición de cuentas por las muertes ocurridas bajo custodia o durante operativos de ICE y evitar que se repitan hechos similares.
