La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación sobre el secuestro y traslado de Ismael «El Mayo» Zambada a Estados Unidos, luego de que información reciente apuntara a una posible participación directa del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el operativo realizado el 25 de julio de 2024 en territorio mexicano.
Durante una conferencia de prensa encabezada por la fiscal general, Ernestina Godoy, la institución advirtió que, de confirmarse esa participación, podrían configurarse violaciones al derecho mexicano e internacional, además de un posible acuerdo al margen de la ley entre autoridades estadounidenses y miembros de la delincuencia organizada, así como una presunta falta a la verdad por parte del entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
La Fiscalía explicó que la nueva línea de investigación surge a partir de un reportaje del periodista Luis Chaparro, en el que se revela que el FBI habría reconocido que el operativo para capturar a «El Mayo» fue ejecutado por esa agencia en territorio mexicano, utilizando como autor material a Joaquín Guzmán López.
Según esa publicación, la aeronave utilizada para trasladar al líder del Cártel de Sinaloa fue modificada para evitar su identificación mediante alteraciones en la pintura, el sistema de combustible, las luces, el motor y el número de serie, además de que el plan de vuelo fue manipulado. El reportaje también señala que el avión presenta daños compatibles con un forcejeo durante el traslado.
La inspección del avión y las inconsistencias detectadas
La FGR recordó que desde agosto de 2024 personal ministerial acudió a las oficinas del FBI en El Paso, Texas, y posteriormente al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, para inspeccionar la aeronave.
Sin embargo, aseguró que durante esa diligencia las autoridades estadounidenses impidieron realizar una inspección conforme a los protocolos de investigación mexicanos, negaron la toma de fotografías y tampoco proporcionaron información suficiente sobre el piloto del avión, limitándose a señalar que había solicitado ser deportado inmediatamente a México.
Además, la institución sostuvo que en distintos momentos las autoridades estadounidenses proporcionaron datos falsos o imprecisos sobre la identificación de la aeronave, situación que calificó como uno de los principales obstáculos para el avance de las investigaciones.
La FGR identificó al piloto de la aeronave
Uno de los avances más relevantes dados a conocer por la Fiscalía fue la identificación del piloto de la aeronave en la que Ismael «El Mayo» Zambada fue trasladado a Estados Unidos.
La institución explicó que fue posible establecer su identidad mediante peritajes especializados en materia de audio realizados sobre la grabación proporcionada por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), correspondiente al momento en que el piloto solicitó a la Torre de Control del aeropuerto de Ciudad Juárez un código transponder para ingresar al espacio aéreo estadounidense.
La FGR recordó que durante la inspección realizada en agosto de 2024 en instalaciones del FBI, las autoridades estadounidenses se negaron a proporcionar la identidad del piloto y únicamente informaron que éste había solicitado ser deportado a México.
No obstante, la Fiscalía señaló que posteriormente logró identificarlo plenamente como parte de las investigaciones y precisó que fue deportado a territorio mexicano por las autoridades estadounidenses. Aunque evitó revelar su nombre para no afectar las indagatorias, indicó que continúa siendo objeto de la investigación.
La posible relación con los beneficios otorgados a Ovidio Guzmán
Como antecedente, la Fiscalía recordó que el 23 de julio de 2024 tuvo conocimiento de que Ovidio Guzmán López, extraditado por México en septiembre de 2023, había sido incorporado al programa de testigos protegidos de Estados Unidos.
Dos días después, el 25 de julio, ocurrió el secuestro de Ismael Zambada en Sinaloa y su posterior traslado a territorio estadounidense.
Para la FGR, la cercanía temporal entre ambos acontecimientos, los vínculos familiares y la pertenencia a la misma organización criminal constituyen elementos que apuntan a una posible relación entre el secuestro y el cambio de medida cautelar concedido a Ovidio Guzmán, además de la recepción de 17 de sus familiares por parte del gobierno estadounidense.
La contradicción con la versión de Ken Salazar
La Fiscalía recordó que el 9 de agosto de 2024 el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró públicamente que su gobierno no participó en el operativo.
En aquella ocasión afirmó que no intervino ninguna aeronave estadounidense, ni un piloto estadounidense, ni agentes del FBI o de cualquier otra agencia norteamericana, y sostuvo que se trató de una operación entre grupos del crimen organizado.
La Fiscalía sostuvo que esa versión contrasta con la información difundida recientemente y que ahora forma parte de las nuevas líneas de investigación.
De comprobarse que el FBI planeó y ejecutó el operativo, la FGR considera que podrían configurarse tres hechos de especial gravedad: posibles violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto realizado al margen de la ley y una presunta mentira de un representante diplomático estadounidense, lo que implicaría una transgresión al principio de buena fe que rige las relaciones diplomáticas.
México solicita información formal a Estados Unidos
Ante este nuevo escenario, la Fiscalía informó que activó los mecanismos de asistencia jurídica internacional previstos en el tratado bilateral entre ambos países para solicitar formalmente al gobierno de Estados Unidos toda la información relacionada con el operativo.
La petición busca esclarecer el papel de las autoridades estadounidenses, la operación aérea y la identidad de todas las personas involucradas.
Siete investigaciones y cientos de diligencias
La FGR detalló que desde el 25 de julio de 2024 mantiene abiertas siete carpetas de investigación derivadas del caso.
Las indagatorias abarcan el homicidio de Héctor Melesio Cuén, el secuestro de Ismael Zambada, la desaparición de dos de sus escoltas y diversos delitos relacionados con la alteración de la escena del crimen y posibles negligencias ministeriales del fuero común.
Como parte de esas investigaciones se han realizado 153 entrevistas, mil 288 informes, 124 dictámenes periciales en diversas especialidades y múltiples solicitudes de asistencia jurídica internacional.
Asimismo, la Fiscalía informó que presentó una solicitud formal de extradición de Ismael Zambada, sustentada en tres causas penales por delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud en territorio mexicano.
No obstante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió que no era posible atender dicha solicitud debido a que Zambada enfrenta actualmente un proceso penal ante una Corte de Distrito estadounidense.
Otros avances de la investigación
La Fiscalía informó además que logró establecer el inmueble donde ocurrió la reunión en la que Ismael Zambada fue privado de la libertad junto con dos de sus escoltas —quienes permanecen desaparecidos— y donde presuntamente Héctor Melesio Cuén fue lesionado antes de perder la vida.
También confirmó la identificación del aeropuerto desde donde despegó la aeronave rumbo a Estados Unidos, así como del sitio donde aterrizó.
La investigación determinó además que la pista utilizada para el despegue no contaba con autorización para operar y que la aeronave tenía alterados sus medios oficiales de identificación.
Asimismo, la Fiscalía incorporó a la investigación la declaración jurada presentada por Ismael Zambada ante un notario público en Texas, la cual, señaló, fue obtenida conforme a la legislación estadounidense.
México mantiene 32 investigaciones contra “El Mayo”
La fiscal Ernestina Godoy precisó que actualmente existen 32 investigaciones abiertas en México contra Ismael «El Mayo» Zambada, todas con órdenes de aprehensión vigentes.
Finalmente, la FGR reiteró que las investigaciones continúan y advirtió que, de acreditarse la participación de agencias extranjeras en territorio mexicano sin autorización del Estado, podrían fincarse responsabilidades contra quienes resulten involucrados.
La institución aseguró que continuará las indagatorias con objetividad, contundencia y respeto a la legalidad, al considerar que cualquier acto que vulnere la soberanía nacional constituye una afectación directa al Estado mexicano y a la ciudadanía.
