La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los lineamientos sobre derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura y afirmó que su propósito es garantizar un derecho establecido en la Constitución: el acceso de las personas a información veraz y a contenidos claramente diferenciados entre información, opinión y publicidad.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el derecho de las audiencias no es una disposición creada por su administración, sino un principio constitucional que busca proteger a quienes reciben información a través de los medios de comunicación.
«No hay censura. El derecho de las audiencias es un principio constitucional. El objetivo es garantizar el derecho a la información, no limitar la libertad de expresión.»
Sheinbaum explicó que los lineamientos, actualmente en consulta pública, no facultan al Gobierno para decidir qué información es verdadera o falsa ni contemplan sanciones por los contenidos periodísticos que difundan los medios de comunicación.
Precisó que las eventuales sanciones previstas en la regulación están relacionadas con el incumplimiento de obligaciones administrativas de los concesionarios de radio y televisión, como contar con un código de ética o designar a una persona defensora de las audiencias, y no con la labor informativa de periodistas o comunicadores.
La Presidenta reiteró que instruyó a la consejera jurídica de la Presidencia para mantener diálogo con representantes de la industria de la radiodifusión y atender las inquietudes surgidas durante el proceso de consulta pública, con el propósito de aclarar los alcances de los lineamientos y evitar interpretaciones que los asocien con restricciones a la libertad de expresión.
Por su parte, la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján explicó que el proyecto no pretende que el Estado determine qué información es verdadera, sino que sean los propios medios, mediante sus códigos de ética y sus defensorías de las audiencias, quienes garanticen el cumplimiento de los principios establecidos en la legislación. Añadió que las sanciones sólo procederían por incumplimientos a esas obligaciones regulatorias y no por el contenido de las transmisiones.
Los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias permanecen en consulta pública hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanía podrán presentar observaciones antes de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emita la versión definitiva.
