La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la situación de las desapariciones en México, en el que alertó sobre la persistencia de una crisis humanitaria marcada por altos niveles de impunidad, rezago forense y violencia vinculada al crimen organizado, al tiempo que reconoció la apertura del gobierno mexicano al diálogo con víctimas y organizaciones civiles.
El documento señala que en México existen más de 128 mil personas desaparecidas y alrededor de 70 mil cuerpos sin identificar, además de advertir que las desapariciones continúan ocurriendo en distintas regiones del país, con afectaciones particulares para mujeres, niñas y adolescentes.
La CIDH subraya que la desaparición de personas en México constituye una grave crisis de derechos humanos con carácter estructural, alimentada por la impunidad persistente y debilidades institucionales en los mecanismos de búsqueda, investigación e identificación. En su diagnóstico, advierte que la falta de resultados efectivos en las investigaciones continúa siendo uno de los principales factores de agravamiento del fenómeno.
El organismo internacional también recomienda al Estado mexicano fortalecer de manera integral el Sistema Nacional de Búsqueda, mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales, y consolidar bases de datos forenses confiables que permitan la identificación de personas desaparecidas. Asimismo, plantea la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para las familias y colectivos de búsqueda, quienes enfrentan riesgos constantes durante sus labores.
Durante la presentación del informe participaron autoridades federales, colectivos de familiares y representantes de organismos internacionales. La Secretaría de Gobernación reconoció que existen pendientes en la atención a las desapariciones y reiteró el compromiso del gobierno federal de mantener la colaboración con víctimas y organizaciones civiles.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, afirmó que el Estado mexicano reconoce “el dolor, la valentía y la legítima exigencia” de las familias de personas desaparecidas, y aseguró que la administración federal mantendrá una relación de “cooperación, diálogo y respeto” con organismos internacionales y colectivos de búsqueda.
El funcionario señaló además que varias de las 40 recomendaciones emitidas por la CIDH ya forman parte de la estrategia gubernamental en la materia, entre ellas acciones vinculadas con la búsqueda de personas, fortalecimiento institucional y coordinación entre autoridades.
Por su parte, organizaciones y colectivos de búsqueda manifestaron reservas frente a la postura oficial y señalaron que persisten pendientes en materia de verdad, justicia e identificación de personas desaparecidas. Algunos grupos cuestionaron además las revisiones recientes al registro nacional de desaparecidos y demandaron mayor participación en la toma de decisiones públicas.
El informe de la CIDH incluye recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación y atención integral a víctimas, así como para combatir la impunidad y mejorar la coordinación institucional, en un contexto en el que el organismo advierte que la crisis de desapariciones sigue siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en el país.
