Claudia Sheinbaum pidió al Gabinete de Seguridad información sobre el exvicefiscal Guillermo Arturo Zuany Portillo y su presunta colaboración con agencias estadounidenses. El caso vuelve a poner sobre la mesa los límites de la cooperación bilateral y la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Gabinete de Seguridad un informe sobre Guillermo Arturo Zuany Portillo, exvicefiscal de Chihuahua, para conocer sus antecedentes, su presunta colaboración con agencias de Estados Unidos y su ubicación actual.
El caso tomó relevancia después de que el diario The New York Times publicara una investigación sobre la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en actividades de seguridad en Chihuahua, con la colaboración de Zuany.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum señaló que es necesario esclarecer cómo un exfuncionario que, afirmó, estuvo relacionado con señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con la delincuencia organizada llegó posteriormente a colaborar con agencias estadounidenses.
La mandataria consideró que el caso tiene implicaciones que van más allá de la investigación sobre un exfuncionario estatal, pues involucra la actuación de personal extranjero en territorio mexicano y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la cooperación en materia de seguridad.
“Vale la pena conocer quién es esta persona y cómo colabora él con una de las agencias de Estados Unidos”, sostuvo.
Sheinbaum indicó que pedirá a las instancias de seguridad información puntual sobre el exvicefiscal y su paradero. También señaló que el gobierno estadounidense conoce la posición de México: cualquier colaboración u operación de agencias extranjeras debe respetar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
La presidenta descartó que el tema represente necesariamente un conflicto con Washington y afirmó que la postura mexicana ya ha sido comunicada a las autoridades estadounidenses.
La discusión se produce en medio de las investigaciones sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y sobre el alcance de su participación en actividades de seguridad. El punto central para el gobierno federal es determinar bajo qué condiciones se desarrolló esa colaboración y si se respetó el marco legal mexicano.
El caso vuelve a colocar en el centro de la relación bilateral un tema sensible: la cooperación contra el crimen organizado frente a la soberanía nacional y los límites de la actuación de agencias extranjeras en México.


