La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que la discusión de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio contará con el respaldo institucional para que se desarrolle «con seriedad, transparencia y a la altura que reclaman las mujeres» del país.
Durante una reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, en la que se definió la ruta para dictaminar la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la legisladora sostuvo que la nueva legislación permitirá homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país.
Castillo Juárez señaló que la aprobación de la ley establecerá estándares mínimos de investigación con perspectiva de género para evitar que las carpetas relacionadas con la muerte violenta de una mujer se cierren por negligencia o prejuicios.
Asimismo, indicó que el nuevo ordenamiento garantizará que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento como un posible feminicidio.
La senadora recordó que esta obligación fue establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia del caso Mariana Lima Buendía y que también fue retomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Andrade y otras contra México, el cual ordena al Estado asegurar la reparación integral del daño y la protección de las niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad por este delito.
La presidenta del Senado advirtió que actualmente el feminicidio no se investiga ni se sanciona de la misma manera en todo el territorio nacional, debido a que cada entidad federativa cuenta con una regulación distinta.
«Treinta y dos códigos penales significan 32 maneras muy distintas y miradas diferentes para nombrar el asesinato de las mujeres por razones de género», expresó.
Añadió que en algunos estados los requisitos para acreditar el delito son tan restrictivos que, en la práctica, muchos casos terminan reclasificados como homicidio simple, obligando a las familias de las víctimas a emprender largos procesos judiciales para obtener justicia.
Castillo Juárez sostuvo que esta disparidad provoca que el acceso a la justicia dependa del estado donde ocurrió el crimen, situación que calificó como «una lotería territorial de la justicia» incompatible con el principio de igualdad ante la ley.
La legisladora aseguró que el propósito de la iniciativa es unificar los criterios de investigación y sanción del feminicidio en todo el país para garantizar una respuesta homogénea de las autoridades y fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y sus familias.
