El dictamen incorpora el criterio de “escala comercial”, nuevas conductas delictivas y sanciones por falsificación de marcas; la oposición advirtió riesgos para la libertad de expresión por el uso de identidad gráfica oficial
El Pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, con las que se amplía el catálogo de conductas sancionables en materia de propiedad intelectual, se actualizan penas por piratería y falsificación y se incorporan nuevas disposiciones relacionadas con el uso de elementos de identidad gráfica institucional.
El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular. En lo general obtuvo 72 votos a favor y 34 en contra y fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
La reforma deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, de acuerdo con el dictamen, busca actualizar el marco jurídico frente a los cambios provocados por las tecnologías digitales, el comercio electrónico y las nuevas formas de distribución de contenidos y mercancías.
Sin embargo, durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron particularmente las disposiciones que establecen sanciones por utilizar, reproducir, imitar o incorporar, a escala comercial, elementos de identidad gráfica de instituciones públicas cuando ello tenga como finalidad inducir a error o engaño.
Reformas después de casi tres décadas
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que las reformas actualizan sanciones en materia de propiedad industrial que, de acuerdo con lo expuesto en el Senado, no habían sido modificadas desde 1996.
Corral sostuvo que el objetivo central es proteger los derechos de creadores e inventores frente a prácticas de piratería y falsificación que, afirmó, han incorporado estructuras empresariales y sistemas tecnológicos, además de aprovechar vacíos legales.
También señaló que el proyecto incorpora disposiciones relacionadas con instrumentos internacionales suscritos por México, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, explicó que la reforma busca responder a una realidad modificada por las tecnologías digitales, el comercio electrónico y las nuevas formas de distribución de contenidos y mercancías, así como por nuevas modalidades de actividades ilícitas que afectan derechos de propiedad industrial.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que el propósito es proteger la creación y la innovación, combatir la falsificación y la piratería y armonizar el marco jurídico mexicano con compromisos internacionales.
Más delitos y nuevas sanciones
El proyecto amplía el catálogo de delitos relacionados con derechos de autor y propiedad industrial y actualiza conductas vinculadas con la reproducción, distribución, venta y explotación de interpretaciones, así como con el descifrado de señales y la elusión de medidas tecnológicas de protección.
Una de las modificaciones transversales es la incorporación del criterio de “escala comercial”, utilizado para distinguir conductas que buscan obtener un beneficio económico, conseguir una ventaja competitiva o provocar un perjuicio significativo en la posición de mercado de la persona titular del derecho.
El dictamen plantea, por ejemplo, sancionar con cuatro a diez años de prisión y de dos mil a 20 mil días multa a quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en territorio nacional.
La reforma también incorpora el criterio de escala comercial para determinadas conductas relacionadas con elementos de identidad institucional.
Identidad gráfica de instituciones públicas
Uno de los puntos que generó mayor debate durante la sesión fue la disposición que tipifica la utilización, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
La disposición establece una sanción cuando el uso de estos elementos busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito respecto del origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública.
Para estos casos, el proyecto establece una pena de cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización, de acuerdo con el dictamen aprobado.
Precisamente esta disposición fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes señalaron que su redacción podría alcanzar expresiones de crítica política, sátira o parodia que utilicen elementos gráficos oficiales.
PAN advierte riesgos para la libertad de expresión
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) anunció el voto en contra de su bancada y sostuvo que las sanciones relacionadas con la identidad gráfica oficial podrían afectar expresiones como sátiras, caricaturas y cartones políticos.
Desde su perspectiva, la disposición podría generar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y propiciar autocensura.
La legisladora señaló que, aunque la disposición no menciona expresamente memes, caricaturas o parodias, considera que la redacción permite interpretaciones que podrían alcanzar ese tipo de expresiones. Esa misma preocupación fue planteada por otras senadoras panistas durante la discusión del dictamen.
PRI cuestiona una posible restricción a la crítica
El senador Manuel Añorve Baños (PRI) también se pronunció en contra de la reforma en este punto.
Afirmó que no se debe introducir, en una reforma destinada a combatir la piratería, una disposición que pueda inhibir la libertad de expresión.
Aunque señaló estar en contra de la piratería, sostuvo que no debe criminalizarse la parodia, la sátira, la caricatura ni la crítica política.
MC también votó en contra
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno (MC) informó que su grupo parlamentario votaría en contra del proyecto.
Su argumento fue que las nuevas disposiciones representan riesgos para la libertad de expresión al establecer penas de prisión y multas relacionadas con el uso de imagen institucional con fines de parodia en redes sociales.
Desde su perspectiva, la reforma podría generar un mayor control sobre el espacio digital y sobre los contenidos que circulan en internet.
PT: no se legisla contra los memes
En contraste, la senadora Lizeth Sánchez García (PT) rechazó que la reforma tenga como objetivo sancionar memes, sátira o crítica política.
Sostuvo que el propósito es diferenciar entre una expresión crítica y una conducta que pretende engañar a las personas utilizando elementos que aparenten tener un origen oficial.
“No estamos legislando contra el humor, estamos legislando contra el engaño”.
La legisladora argumentó que detrás de una obra, una marca o una creación existen tiempo, talento, esfuerzo y patrimonio que deben ser protegidos.
Morena defiende la actualización frente a la economía digital
La senadora Martha Lucía Micher Camarena (Morena) señaló que la reforma responde a los desafíos derivados de la digitalización, el comercio electrónico y la distribución transfronteriza de contenidos y mercancías.
Sostuvo que las modificaciones permitirán a México avanzar en el cumplimiento de compromisos asumidos dentro de acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá.
En el mismo sentido, el senador Edgar Noé Larios Carrasco (PVEM) afirmó que los cambios buscan proteger el trabajo creativo, la innovación y el conocimiento frente a una economía mundial que avanza hacia una mayor digitalización.
Entre los ámbitos que destacó se encuentran la piratería digital, la falsificación de marcas y el comercio electrónico.
Falsificación de marcas: persecución de oficio
Otro de los cambios relevantes consiste en establecer que se persigan de oficio tanto la falsificación de una marca como diversas conductas relacionadas con objetos que ostenten marcas falsificadas cuando se realicen a escala comercial.
El proyecto incluye la producción, almacenamiento, transporte, introducción al país, exportación, distribución o venta de objetos que ostenten falsificaciones de marcas.
También actualiza las sanciones para la venta u oferta de estos productos.
Cuando la venta u oferta se realice a escala comercial directamente a personas consumidoras finales en vías o lugares públicos, se establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil UMA.
Cuando la conducta se realice en establecimientos, locales o puestos, mediante medios electrónicos, o de manera organizada, sistemática o reiterada, la pena aumenta a cuatro a diez años de prisión y de dos mil a 250 mil UMA.
Nuevas facultades para el IMPI
La reforma también establece facultades para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) relacionadas con la emisión de dictámenes técnicos.
El Instituto podrá realizar diligencias y obtener las pruebas necesarias para elaborar esos dictámenes cuando sean solicitados por particulares, por el Ministerio Público Federal o por autoridades judiciales o administrativas.
El proyecto precisa que la intervención del IMPI en estos procedimientos no prejuzgará sobre las acciones legales que posteriormente correspondan.
Reserva sobre persecución de oficio
Durante la discusión en lo particular, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, presentó una reserva al artículo 429 del Código Penal Federal.
La modificación establece que los delitos previstos en ese título serán considerados de comisión dolosa y perseguidos de oficio, con excepción de los previstos en los artículos 424, fracción II, y 427 del mismo ordenamiento.
La reserva fue aceptada por el Pleno.
De acuerdo con el comunicado del Senado, los artículos reservados por legisladores del PRI, PAN y MC fueron finalmente aprobados en los términos del dictamen, junto con la propuesta de Corral, con 68 votos a favor y 34 en contra.
Las reservas de la oposición fueron rechazadas
Durante la discusión en lo particular, senadores del PRI, PAN y MC presentaron reservas para modificar diversos artículos del dictamen.
Las propuestas fueron rechazadas por el Pleno, con excepción de la reserva presentada por Javier Corral, que sí fue aceptada.
Con ello, el Senado aprobó el proyecto de decreto y lo remitió a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su proceso legislativo.
La reforma plantea, en conjunto, una actualización del régimen penal y de propiedad industrial para atender conductas vinculadas con piratería, falsificación, distribución no autorizada de contenidos, protección tecnológica y comercio digital.
Al mismo tiempo, la discusión en el Senado dejó abierto un debate sobre los alcances de las nuevas disposiciones relacionadas con la identidad gráfica de las instituciones públicas y su posible interacción con expresiones de crítica, parodia y sátira política. La oposición sostuvo que existe un riesgo para la libertad de expresión; los grupos que respaldaron el dictamen defendieron que la disposición busca sancionar el engaño y el uso ilícito de elementos oficiales, no las expresiones humorísticas o críticas.
