El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán contar con doble nacionalidad.
El proyecto, aprobado en lo general y en lo particular con 86 votos a favor y 42 en contra, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y fue enviado a los congresos de las entidades federativas para continuar con el procedimiento de reforma constitucional.
La propuesta establece como requisito contar únicamente con la nacionalidad mexicana para quienes busquen ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos estatales, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con el contenido del proyecto, los mexicanos por nacimiento que tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos a alguno de esos cargos.
Debate sobre la reforma
Durante la discusión, Morena defendió la medida como una disposición relacionada con la soberanía nacional.
El senador Óscar Cantón Zetina sostuvo que el dictamen no elimina derechos políticos ni cancela nacionalidades, sino que establece una condición para quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos.
Desde el PAN, Laura Esquivel Torres cuestionó que la reforma pueda afectar los derechos políticos de mexicanos que tienen otra nacionalidad y consideró que envía un mensaje de diferenciación hacia los migrantes.
El priista Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo que contar con otra nacionalidad no convierte a una persona en enemiga de México y rechazó utilizar la Constitución para establecer diferencias entre mexicanos.
Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que la reforma confunde, a su juicio, los conceptos de ciudadanía y nacionalidad y cuestionó que la nacionalidad de origen pueda convertirse en un elemento para poner en duda la lealtad de una persona.
Desde el PVEM, María del Rocío Corona Nakamura defendió que la medida busca establecer una nacionalidad única para quienes aspiren a gobernar el país o una entidad federativa.
El PT sostuvo que la reforma no elimina la doble nacionalidad ni afecta a las familias binacionales, sino que establece una condición específica para quienes busquen ocupar los cargos señalados.
¿Qué sigue?
El proyecto fue remitido a los congresos de las entidades federativas, debido a que se trata de una reforma constitucional.
Las legislaturas estatales deberán pronunciarse sobre la modificación y, para que continúe el procedimiento constitucional, se requiere la aprobación de la mayoría de ellas. Una vez cumplido ese requisito, podrá realizarse la declaratoria correspondiente y continuar el proceso de promulgación y publicación.
