La diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del PVEM, propuso reformar la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública para incorporar de manera transversal el interés superior de la niñez y la adolescencia en las tareas de inteligencia, análisis y aprovechamiento de información.
La iniciativa plantea modificar el artículo 3 de la legislación para que las autoridades prioricen la prevención, detección y atención de conductas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes, tanto en el ámbito físico como en el entorno digital.
La propuesta señala que las autoridades deberán identificar y mitigar riesgos relacionados con cualquier tipo de violencia, con el objetivo de garantizar la protección integral de las personas menores de edad.
Buscan detectar riesgos también en entornos digitales
La legisladora argumentó que las amenazas contra niñas, niños y adolescentes han incorporado nuevas modalidades que operan en espacios digitales, entre ellas la captación con fines delictivos, el ciberacoso y la explotación sexual en línea.
Ante este escenario, sostuvo que las tareas de inteligencia pueden contribuir a identificar patrones, anticipar riesgos y desarticular redes criminales antes de que se materialicen daños.
La iniciativa plantea que la protección de la niñez sea considerada desde el diseño y ejecución de las tareas de inteligencia, con criterios específicos que permitan orientar la prevención hacia los riesgos que enfrenta este grupo de población.
De acuerdo con la propuesta, incorporar este enfoque permitiría incluir de manera sistemática variables relacionadas con la niñez y la adolescencia para mejorar la identificación de tendencias, patrones y situaciones de riesgo.
Plantean mayor coordinación entre autoridades
La reforma también busca establecer un marco común de actuación entre las autoridades de seguridad pública y las instituciones encargadas de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Fonseca Galicia sostiene que esta coordinación permitiría generar respuestas integrales y oportunas ante situaciones de riesgo.
La propuesta no contempla la creación de nuevas estructuras administrativas ni recursos adicionales, de acuerdo con su exposición, sino una adecuación normativa para orientar las capacidades existentes hacia la prevención de riesgos específicos para personas menores de edad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su dictamen.
