La Comisión de Hacienda aprobó la propuesta de Ley de Economía Digital; plantea identidad digital, pagos electrónicos y una transición gradual, mientras legisladores advierten sobre inclusión, costos y seguridad
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con el objetivo de acelerar la adopción de medios de pago digitales, impulsar la inclusión financiera y reducir la brecha entre la infraestructura tecnológica disponible y su uso efectivo.
El dictamen fue aprobado en lo general con 24 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, y en lo particular con 25 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, con modificaciones. El documento fue remitido a la Mesa Directiva para su programación legislativa, por lo que deberá continuar su proceso parlamentario.
La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 8 de septiembre, busca establecer un marco para promover el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otros medios digitales de pago.
De acuerdo con lo expuesto por el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, la iniciativa parte de que México ya cuenta con infraestructura como SPEI, CoDi, DiMo, códigos QR y aplicaciones financieras, aunque una parte importante de las operaciones económicas continúa realizándose en efectivo.
Identidad digital y pagos electrónicos
El dictamen plantea que la CURP Digital pueda ser utilizada como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros. Las personas usuarias podrán elegir utilizarla ante las entidades correspondientes o recurrir a cualquier otro mecanismo de identificación oficial.
También crea el Expediente Digital Ciudadano, como mecanismo de confianza para la consulta o utilización de documentos e información de las personas usuarias.
La propuesta establece que los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para aceptar medios de pago digitales y electrónicos en trámites y servicios públicos.
Asimismo, contempla facilitar el acceso a servicios financieros mediante herramientas digitales y establece obligaciones para que las entidades promuevan la inclusión financiera, difundan sus productos y servicios, faciliten el acceso a cuentas de depósito y favorezcan el otorgamiento de créditos, financiamientos y préstamos mediante medios digitales.
Entre las disposiciones centrales está que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos será la única forma de pago.
Las autoridades de cada sector podrán establecer mecanismos y plazos para una transición gradual.
El dictamen contempla una excepción ante fallas o contingencias: cuando no sea posible recibir pagos digitales o electrónicos, se permitirá utilizar efectivo o cheque. Sin embargo, la contingencia no podrá utilizarse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de la ley.
La propuesta también establece atribuciones para el Banco de México relacionadas con transferencias electrónicas, la aplicación de servicios financieros y la recepción de pagos mediante códigos QR.
Altamirano: digitalizar la economía
Carol Antonio Altamirano explicó que la iniciativa está integrada por 22 artículos distribuidos en cinco títulos y cinco disposiciones transitorias.
Señaló que busca acelerar la adopción de pagos digitales como una herramienta para impulsar la inclusión financiera, modernizar la economía y facilitar la relación entre ciudadanía, empresas y gobierno.
El legislador destacó que la propuesta pretende ampliar el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otros medios reconocidos por las autoridades financieras.
También sostuvo que la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano permitirían avanzar hacia la contratación de servicios financieros de manera completamente digital, con mecanismos de identificación y acreditación documental autorizados por las personas usuarias.
El objetivo, explicó, es avanzar hacia pagos electrónicos universales, identidad digital confiable e inclusión financiera, reducir el uso de efectivo y ampliar el acceso al crédito.
Morena: transición gradual y sin eliminar el efectivo
Durante los posicionamientos, el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena) sostuvo que la propuesta tiene buenos alcances y subrayó que no crea impuestos ni gastos por utilizar medios electrónicos.
“Es una buena iniciativa, es gradual y no excluye a nadie; avanza por etapas y mantiene el efectivo en contingencias”.
El legislador sostuvo que la economía digital ya existe y que el reto es establecer reglas claras, con conducción del Estado y beneficios compartidos.
La diputada Merary Villegas Sánchez (Morena) consideró que la propuesta puede acercar a la economía formal a quienes actualmente están fuera de ella, reducir gradualmente el uso de efectivo y estrechar espacios de informalidad, evasión fiscal y lavado de dinero.
Aseguró que el efectivo no será prohibido y que el dictamen plantea una transición gradual y por etapas.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio (Morena) señaló que la iniciativa articula infraestructura tecnológica e inclusión financiera.
Indicó que tanto el gobierno como la iniciativa privada deberán acompañar la incorporación digital con capacitación y servicios financieros.
El diputado José Narro Céspedes (Morena) consideró necesaria la regulación de una economía digital que ya existe y sostuvo que el nuevo marco puede contribuir a hacer más fluida la economía nacional y fortalecer a pequeños y medianos comerciantes.
PAN cuestiona las condiciones para la transición
La diputada Eva María Vásquez Hernández (PAN) coincidió en que México debe avanzar hacia una economía digital y facilitar los pagos electrónicos, los trámites en línea y el acceso a servicios financieros.
Sin embargo, cuestionó si existen las condiciones para que toda la población pueda incorporarse a esa economía, particularmente quienes tienen pequeños negocios y actualmente cobran en efectivo.
Advirtió que no basta con que exista una aplicación si las personas carecen de internet, señal, una cuenta bancaria o condiciones para utilizar los servicios de manera segura.
“La inclusión digital no se decreta, esa se construye”.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) se pronunció en contra del dictamen. Consideró que la propuesta es apresurada e incompleta porque, desde su perspectiva, plantea reducir el uso del efectivo sin garantizar previamente que todo el país cuente con internet, inclusión bancaria y protección contra fraudes.
También cuestionó las facultades que tendría la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores en los que el efectivo dejaría de ser aceptado.
PRI advierte riesgos tecnológicos y de seguridad
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) calificó la reforma como insuficiente y señaló que su aplicación dependerá de la infraestructura tecnológica disponible y de la posibilidad de enfrentar fallas sistémicas.
También sostuvo que la iniciativa no resuelve por sí misma la informalidad y consideró insuficiente el proceso de adaptación para los pequeños negocios.
Entre los riesgos que planteó mencionó una mayor vulnerabilidad frente a fraudes y ciberdelitos, así como una posible concentración de información financiera y personal.
Suárez Licona señaló que la propuesta podría contribuir a modernizar la economía y ampliar el acceso a servicios financieros, pero también podría aumentar riesgos de exclusión, vigilancia y vulnerabilidad tecnológica.
Por su parte, el diputado Yerico Abramo Masso (PRI) señaló que su grupo parlamentario coincide en la necesidad de avanzar en la transformación digital y formalizar más al país.
Sin embargo, planteó que el proceso debe estar acompañado de herramientas tecnológicas, financieras y fiscales que sean incluyentes, además de apoyos logísticos, presupuestales y tecnológicos.
PT pide vigilar costos y tasas de intercambio
El diputado José Antonio López Ruíz (PT) sostuvo que el dictamen puede ampliar el acceso a servicios financieros, ofrecer alternativas al efectivo y facilitar que las micro, pequeñas y medianas empresas generen registros de sus operaciones.
También destacó que la propuesta puede aportar mayor certeza jurídica en materia de identidad digital.
No obstante, señaló que será necesario dar seguimiento a las comisiones, tasas de intercambio y otros costos asociados con los pagos digitales, para evitar que la expansión de estos mecanismos termine representando una carga adicional para las familias y los pequeños negocios.
El diputado Luis Armando Díaz (PT) defendió la propuesta y rechazó que establezca una prohibición de los pagos en efectivo.
Sostuvo que el objetivo es impulsar el uso de tecnología para realizar pagos y reducir riesgos como el robo de dinero.
PVEM respalda la vinculación entre digitalización e inclusión
La diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) señaló que la propuesta no se limita a promover nuevas formas de pago, sino que establece un marco para vincular los pagos digitales con la inclusión financiera.
Destacó que también contempla avanzar gradualmente en sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios digitales y electrónicos puedan convertirse en la única forma de pago.
“Acompañamos el dictamen y consideramos que la innovación tiene sentido cuando se traduce en beneficios para las y los mexicanos”.
MC cuestiona quién pagará la transición
La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) aclaró que su bancada votaría en contra de la iniciativa en los términos planteados, pero señaló que ello no significa oponerse a la digitalización, a la inclusión financiera ni a la modernización de los medios de pago.
Su cuestionamiento se centró en las condiciones de la transición.
Planteó qué ocurrirá con quienes no puedan digitalizarse, quién asumirá los costos de la transición, qué pasará cuando falte la tecnología y cómo se protegerá la información de las personas.
Modificaciones al dictamen
En la discusión en lo particular fueron aceptadas reservas del diputado Carol Antonio Altamirano relacionadas con diversas disposiciones y artículos transitorios.
Entre ellas se incorporó la opinión favorable de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, emitida en su reunión del 29 de septiembre.
También se realizaron modificaciones de forma al artículo 2, fracción séptima; al artículo 19, fracción primera; al Título Quinto del Capítulo Primero y a los artículos transitorios primero, segundo y cuarto.
Entre los cambios se agregó la referencia al “código de respuesta rápida y comunicación”; se sustituyó “ampliar” por “regular” en el artículo 19 y se incorporó la referencia a la homologación de trámites para el desarrollo económico.
Asimismo, se ajustó la redacción de los artículos transitorios para referirse a “la presente ley” y se precisó el plazo de 15 días en el cuarto transitorio.
Durante la discusión también se presentaron reservas a distintos artículos y transitorios por legisladores de MC, Morena, PT, PRI y PAN, algunas de las cuales se solicitó retirar o incorporar al dictamen.
Con la aprobación en comisión, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su programación legislativa. La discusión dejó como principales temas de debate la transición del efectivo hacia los pagos digitales, la inclusión de personas y pequeños negocios, la infraestructura tecnológica, los costos de operación y la protección de datos y usuarios frente a fraudes y ciberdelitos.
