Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio de la vivienda en la que vivió durante siete décadas desencadenó una ola de protestas por el derecho a la vivienda en España, murió este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Abascal fue desalojada el pasado 23 de septiembre de su departamento en el barrio de Retiro. Debido a su delicado estado físico, fue sacada del inmueble en camilla y trasladada directamente al hospital, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento.
Su desalojo se convirtió en una de las imágenes más representativas de la crisis de vivienda que atraviesa España. Las movilizaciones en su apoyo crecieron hasta instalar una acampada en la Puerta del Sol, en Madrid, mientras las protestas se extendieron a otras ciudades.
Este miércoles, tras conocerse su muerte, manifestantes se concentraron nuevamente en Madrid. Algunos gritaron “¡asesinos!” y reclamaron continuar la movilización por una vivienda digna.
Una disputa que comenzó hace años
Maricarmen había vivido prácticamente toda su vida en el inmueble de la calle Alcalde Sainz de Baranda, al que llegó con sus padres cuando tenía 17 años. El contrato de alquiler se mantuvo durante décadas mediante sucesivas subrogaciones familiares.
En 2018, una empresa inmobiliaria adquirió el departamento. Dos años después comenzaron las acciones para desalojarla, al considerar los propietarios que el contrato había perdido su vigencia después de dos subrogaciones.
Maricarmen continuó pagando una renta cercana a 500 euros mensuales, pero la disputa terminó en los tribunales. La mujer recibía una pensión de alrededor de mil 400 euros y no podía asumir el nuevo alquiler que le exigían los propietarios. Después de varios años de litigio, los tribunales avalaron el desalojo, que finalmente se ejecutó el 23 de septiembre.
El desahucio, sin embargo, no puso fin a la historia.
La presión social llevó a que los propietarios y los representantes de Maricarmen alcanzaran posteriormente un acuerdo que le habría permitido regresar a su vivienda con un nuevo contrato de ocho años y una renta similar a la que pagaba anteriormente. El acuerdo llegó cuando ella continuaba hospitalizada y no pudo concretarse antes de su muerte.
De un desahucio a un movimiento nacional
El caso de Maricarmen trascendió su situación personal y se convirtió en un emblema de las dificultades para acceder a una vivienda asequible en España.
La movilización en Madrid derivó en una acampada en la Puerta del Sol y presionó al gobierno de Pedro Sánchez para impulsar medidas en materia de vivienda. Dos decretos relacionados con la protección frente a los desahucios fueron rechazados por el Congreso, en medio de una creciente disputa política sobre la respuesta a la crisis habitacional.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras anunciaron además su incorporación a una huelga general convocada para el 11 de noviembre en apoyo de las demandas por una vivienda digna.
Tras conocerse el fallecimiento, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a la familia y a quienes acompañaron a Maricarmen durante las movilizaciones.
El Sindicato de Inquilinas, que encabezó buena parte de las protestas, sostuvo que el acuerdo que le habría permitido regresar a su casa llegó demasiado tarde. En la Puerta del Sol, donde permanecen los manifestantes, se guardó un minuto de silencio y se encendieron veladoras en su memoria.
La historia de Maricarmen quedó así ligada a una discusión que va más allá de su propio desalojo: el acceso a una vivienda digna y el impacto que la crisis habitacional tiene sobre quienes no pueden asumir el costo creciente de los alquileres. EL PAÍS describe su caso como el detonante de un movimiento que logró reunir a distintas generaciones alrededor de esa demanda.
