El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el inicio de una campaña diplomática para debilitar y aislar a la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que el tribunal representa una amenaza para la soberanía estadounidense y podría abrir la puerta a procesos judiciales contra funcionarios, militares y exmandatarios del país. La iniciativa forma parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para limitar el alcance de la Corte.
En un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal y en un mensaje difundido en redes sociales, Rubio afirmó que Washington utilizará «todas las herramientas» a su alcance para frenar la actuación de la CPI. «Desmantelaremos la Corte Penal Internacional, ladrillo por ladrillo si es necesario», sostuvo el funcionario, al presentar la ofensiva como una defensa de la soberanía nacional frente a organismos internacionales.
Rubio acusó a la Corte de librar una «guerra jurídica» contra Estados Unidos mediante el uso del derecho internacional y aseguró que, de no actuar, integrantes de las Fuerzas Armadas, agentes de la Patrulla Fronteriza y otros funcionarios estadounidenses podrían enfrentar procesos ante jueces internacionales por acciones realizadas en cumplimiento de sus funciones. Según el secretario de Estado, la CPI ha excedido el mandato para el que fue creada y busca ejercer una jurisdicción que Estados Unidos nunca aceptó.
Como parte de esta estrategia, el Departamento de Estado prevé intensificar la presión diplomática sobre los 125 países que integran el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional. Entre las medidas analizadas se encuentran nuevas sanciones económicas, restricciones de viaje, cancelación de visas y acciones para persuadir a gobiernos aliados de reducir su cooperación con el tribunal o incluso abandonar el organismo.
La confrontación entre Washington y la CPI se ha intensificado en los últimos meses. En junio, tres jueces del tribunal presentaron una demanda en un tribunal federal de Nueva York para impugnar las sanciones impuestas por la administración Trump contra funcionarios de la Corte, al considerar que vulneran la independencia judicial y obstaculizan el funcionamiento del organismo.
Desde el inicio de la actual administración, Estados Unidos ha sancionado a nueve funcionarios de la CPI, incluidos jueces y fiscales involucrados en investigaciones relacionadas con presuntos crímenes de guerra en Afganistán y con las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Washington sostiene que esas actuaciones exceden la jurisdicción del tribunal y afectan a un aliado estratégico.
Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que no forma parte de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la CPI puede ejercer jurisdicción sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado miembro o cuando el Consejo de Seguridad de la ONU remite un caso al tribunal. Esta posibilidad ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Washington y La Haya durante las últimas dos décadas.
La respuesta internacional no se hizo esperar. La propia Corte Penal Internacional calificó las sanciones estadounidenses como un intento de socavar la independencia de una institución judicial creada para investigar y juzgar los crímenes más graves cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren hacerlo. La Unión Europea también expresó su respaldo al tribunal y consideró «inaceptables» las amenazas formuladas por la administración estadounidense.
