Washington impuso medidas contra Tomoko Akane y Abdoulaye Seye por las investigaciones de la Corte sobre ciudadanos estadunidenses e israelíes; la Unión Europea respaldó la independencia del organismo
Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, y contra el abogado de primera instancia Abdoulaye Seye, en una nueva escalada de la confrontación entre el gobierno de Donald Trump y el tribunal con sede en La Haya.
Las medidas fueron anunciadas el 18 de agosto y forman parte de la política de Washington contra la CPI por sus investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por ciudadanos de Estados Unidos e Israel, países que no son miembros del Estatuto de Roma, tratado que creó la Corte.
La CPI rechazó las sanciones y las calificó como un “ataque flagrante” contra la independencia de una institución judicial imparcial. La Unión Europea también expresó su respaldo al tribunal y pidió respetar su independencia.
¿Quiénes fueron sancionados?
Tomoko Akane, de nacionalidad japonesa, es jueza de la CPI y preside el tribunal desde marzo de 2024. Antes de incorporarse a la Corte desarrolló una carrera como fiscal y funcionaria judicial en Japón.
El segundo sancionado es Abdoulaye Seye, abogado de primera instancia de la CPI. Su trabajo está relacionado con procedimientos judiciales que involucran investigaciones de la Corte sobre presuntos crímenes internacionales.
Las sanciones fueron impuestas bajo la Orden Ejecutiva 14203, firmada por Trump en febrero de 2025 y utilizada por su gobierno para castigar a funcionarios de la CPI involucrados en investigaciones que Washington considera ilegítimas. Con las nuevas designaciones, Estados Unidos ha sancionado a 10 funcionarios de la Corte bajo esta orden, entre ellos el exfiscal jefe Karim Khan y ocho jueces.
¿Qué implican las sanciones?
Las medidas bloquean cualquier activo o propiedad que los sancionados tengan bajo jurisdicción estadunidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos.
En la práctica, esto limita el acceso de los funcionarios afectados al sistema financiero estadunidense y puede dificultar sus relaciones económicas con personas o empresas vinculadas con Estados Unidos.
La medida no significa que Akane o Seye sean buscados por la justicia estadunidense ni que exista una acusación penal en su contra en Estados Unidos. Se trata de sanciones económicas y financieras adoptadas unilateralmente por Washington.
¿Por qué los sancionó Estados Unidos?
El gobierno de Trump sostiene que la CPI ha excedido sus atribuciones al investigar y emitir órdenes de arresto contra funcionarios de países que no reconocen su jurisdicción, particularmente Estados Unidos e Israel.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al tribunal de ser una institución “politizada” y de utilizar su autoridad para perseguir a ciudadanos estadunidenses e israelíes. Washington sostiene que la CPI no tiene jurisdicción sobre ciudadanos de países que no son parte del Estatuto de Roma, salvo determinadas circunstancias previstas en el propio sistema de la Corte.
Uno de los principales puntos de conflicto es la investigación de la CPI sobre la situación en los territorios palestinos ocupados y las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Israel y Estados Unidos rechazan la jurisdicción de la Corte en este caso.
La ofensiva de Trump contra la CPI
Las nuevas sanciones no constituyen una medida aislada.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha ampliado progresivamente las sanciones contra jueces y fiscales de la CPI involucrados en investigaciones que Washington considera dirigidas contra ciudadanos estadunidenses o israelíes.
En 2025, el gobierno estadunidense sancionó a varios jueces y fiscales del tribunal, incluido Karim Khan, quien entonces era fiscal jefe de la CPI y había impulsado las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
Washington también ha expresado su intención de reducir la influencia de la Corte y ha instado a los países que forman parte del Estatuto de Roma a abandonar el organismo.
La CPI, por su parte, sostiene que continuará desempeñando sus funciones con independencia y que las sanciones no modificarán sus investigaciones.
La CPI acusa un ataque a su independencia
La respuesta del tribunal fue contundente.
La CPI señaló que las nuevas sanciones constituyen un “ataque flagrante” contra su independencia judicial y rechazó cualquier intento de intimidación.
El tribunal defendió que sus jueces y funcionarios deben poder desempeñar sus responsabilidades sin amenazas o presiones de gobiernos nacionales.
La disputa tiene una dimensión que va más allá de las personas sancionadas: plantea un enfrentamiento entre la autoridad de una institución internacional creada para investigar los crímenes más graves y la posición de Estados Unidos de que la Corte no puede ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no han aceptado su competencia.
Europa respalda a la Corte
Las sanciones también provocaron una reacción de la Unión Europea.
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, expresó el respaldo del bloque a la CPI y lamentó las medidas estadunidenses contra Akane y Seye.
La Unión Europea señaló que mantiene su apoyo al tribunal como un elemento fundamental del sistema internacional de justicia penal y defendió su independencia.
Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también manifestaron su respaldo a la Corte y a sus jueces.
La posición europea contrasta con la de Washington y abre un nuevo frente diplomático entre Estados Unidos y algunos de sus principales aliados.
Un conflicto que involucra a Israel
Aunque las sanciones están dirigidas contra funcionarios de la CPI, el conflicto tiene como uno de sus principales escenarios la investigación sobre la guerra en Gaza.
La Corte ha investigado presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos y, en noviembre de 2024, emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
Israel rechaza las acusaciones y sostiene que la CPI carece de jurisdicción sobre sus ciudadanos. Estados Unidos también cuestiona la competencia del tribunal y considera que sus actuaciones contra funcionarios israelíes constituyen una extralimitación.
La administración Trump ha utilizado precisamente este expediente para justificar buena parte de sus medidas contra la Corte.
¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma y comenzó a funcionar en 2002.
Su función es investigar y juzgar a personas acusadas de algunos de los delitos internacionales más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
La Corte interviene bajo determinadas condiciones, entre ellas cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren investigar de manera genuina determinados crímenes.
Actualmente cuenta con 125 Estados miembros. Estados Unidos, Rusia, China e Israel no forman parte del Estatuto de Roma.
Una disputa sobre los límites de la justicia internacional
Las nuevas sanciones profundizan una disputa que enfrenta dos posiciones.
Para Washington, la CPI está intentando ejercer una autoridad que no tiene sobre ciudadanos de países que no reconocen su jurisdicción. Para la Corte y sus países miembros, su función consiste precisamente en investigar los crímenes internacionales más graves cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma, independientemente de la nacionalidad de los responsables.
La Unión Europea se ha colocado del lado de la segunda posición al defender la independencia del tribunal.
Con las nuevas sanciones contra Tomoko Akane y Abdoulaye Seye, el gobierno de Trump eleva nuevamente la presión sobre la CPI y deja abierta la posibilidad de nuevas medidas contra funcionarios del organismo.
La Corte, mientras tanto, asegura que no modificará sus investigaciones por las sanciones estadunidenses.
