El desahucio de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante más de siete décadas en el mismo apartamento de Madrid, provocó una nueva ola de protestas por la crisis de vivienda en España.
Decenas de miles de personas marcharon el sábado por Madrid para reclamar medidas que protejan a los inquilinos, combatan el fraude y eviten los desalojos cuando no exista una alternativa habitacional.
Al término de la movilización, decenas de manifestantes instalaron tiendas de campaña en la Puerta del Sol, donde permanecieron durante la noche. El domingo, más personas, incluidas familias de distintas generaciones, se sumaron a la protesta.
El caso de “Maricarmen”
Abascal fue desalojada de su vivienda el 23 de septiembre. Fue sacada del apartamento en una camilla y trasladada en una ambulancia, mientras simpatizantes que intentaban impedir el desalojo coreaban su apodo, “Maricarmen”.
Desde una cama de hospital, en un video grabado después del desalojo, la mujer afirmó: “No he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas”.
La vivienda había sido alquilada por primera vez por su padre en 1956. Después de la muerte de sus padres, Abascal permaneció como inquilina bajo un régimen de alquiler controlado.
El edificio cambió de propietario en 2018. Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, a Abascal se le ofreció la posibilidad de comprar el apartamento, pero no pudo hacerlo.
Posteriormente, un fondo de inversión que adquirió la vivienda elevó el alquiler mensual de 500 a 2 mil 650 euros. Más tarde lo redujo a mil 650 euros, una cantidad que Abascal tampoco podía cubrir con su pensión, de acuerdo con la organización de inquilinos.
Una protesta que continúa
El caso de Abascal se convirtió en uno de los principales símbolos de las movilizaciones por el acceso a la vivienda.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid, que encabezó las protestas, exigió contratos de alquiler indefinidos y medidas que impidan desalojos cuando las personas afectadas no tengan otra alternativa para vivir.
“Nos quedaremos aquí”, afirmó el domingo Alicia del Río, portavoz de la organización, quien condicionó el levantamiento de la acampada a que el gobierno impulse nuevas medidas.
La movilización también puso en el centro de la discusión el papel de los fondos de inversión inmobiliaria, señalados por organizaciones de inquilinos como parte de la presión sobre los precios de la vivienda.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se refirió directamente al caso durante un mitin y anunció que su gobierno trabajaba para llevar el próximo martes un nuevo decreto ley sobre vivienda al Consejo de Ministros. También pidió a los grupos parlamentarios apoyar su convalidación.
Abascal, sin embargo, ha cuestionado la respuesta del gobierno y ha responsabilizado a Sánchez por su situación.
Una crisis que va más allá de un caso
El desahucio ocurre en un contexto de aumento de los precios y escasez de vivienda en España. Los ingresos no han crecido al mismo ritmo que el costo de la vivienda, mientras que el turismo y el crecimiento de la población en las ciudades han añadido presión sobre una oferta limitada.
El Banco de España estimó que el país registró el año pasado un déficit de aproximadamente 550 mil viviendas, con Madrid, Barcelona y Valencia entre las ciudades que concentran una parte importante de esa carencia.
España también se encuentra entre los países de la OCDE con menor proporción de vivienda pública de alquiler subvencionada: representa menos de 2% del parque habitacional, frente a un promedio de 8% en la Unión Europea.
Las protestas recuerdan a las movilizaciones del 15 de mayo de 2011, cuando miles de personas ocuparon plazas en distintas ciudades españolas para reclamar cambios económicos y sociales. Más de una década después, la vivienda vuelve a ocupar el centro de las movilizaciones, ahora ante una dificultad que se ha extendido del acceso a la propiedad al propio acceso al alquiler.
