Habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara marcharon este domingo hacia Casa Jalisco para exigir agua limpia y respuestas a las denuncias por el suministro turbio y con malos olores que llega a sus hogares. La movilización ocurre mientras el Gobierno estatal anuncia medidas para mejorar la calidad del agua y presenta un proyecto para sustituir el acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada de 11 mil 922 millones de pesos.
La protesta partió alrededor de las 11:30 horas de la Glorieta de La Minerva y avanzó por la lateral de la avenida López Mateos rumbo a la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Entre los participantes había familias con niñas y niños, personas con discapacidad, vecinos de distintas colonias y colectivos que se sumaron a la exigencia de garantizar el acceso a agua potable en condiciones adecuadas.
Con pancartas y consignas como “¡Queremos agua limpia!”, los manifestantes reclamaron soluciones concretas a la contaminación del suministro y mayor transparencia sobre sus causas. Algunos también expresaron su inconformidad con la gestión del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con mensajes como “Alto a la corrupción SIAPA”.
La movilización se produjo después de que habitantes de distintos puntos de la ciudad denunciaran que el agua que sale de sus llaves presenta coloración oscura, turbiedad, sedimentos y olores desagradables. La situación ha generado preocupación por los posibles riesgos para la salud y ha llevado a familias a comprar agua embotellada para beber y preparar alimentos.
La protesta también refleja el descontento con la respuesta de las autoridades, que han reportado avances en la calidad del líquido, pero todavía deben aclarar el alcance del problema y ofrecer información verificable sobre las condiciones del suministro en las colonias afectadas.
Gobierno anuncia reducción del suministro y posibles tandeos
El gobernador Pablo Lemus informó el sábado que comenzaba a observarse una mejoría en el aspecto y el olor del agua en algunas zonas de la ciudad. Entre las medidas adoptadas se encuentra la suspensión del flujo procedente de la presa Las Pintas, cuyo caudal se mezcla con agua que llega desde Chapala y que, según las autoridades, contribuye al deterioro de la calidad del líquido distribuido.
La medida implica reducir el suministro en hasta 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses. La zona metropolitana consume entre 10 y 11.5 metros cúbicos por segundo, por lo que la disminución podría traducirse en una menor disponibilidad de agua e interrupciones del servicio en distintas colonias.
Ante este escenario, el SIAPA anunció que este lunes informará qué zonas estarán sujetas a tandeos para administrar el agua disponible. La medida busca distribuir el suministro ante la reducción del caudal, aunque puede complicar el acceso cotidiano al servicio para los hogares afectados.
Lemus también llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a extremar precauciones ante las lluvias previstas por el huracán Simón. Sin embargo, la mejoría reportada por el Gobierno estatal no equivale a que la contaminación haya quedado resuelta en toda la zona metropolitana.
Acueducto de casi 12 mil millones de pesos
En paralelo a las medidas inmediatas, el Gobierno de Jalisco presentó ante el Congreso estatal una iniciativa para construir, mantener, rehabilitar y operar el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada de 11 mil 922 millones de pesos.
El proyecto busca reemplazar la infraestructura antigua que transporta agua desde el lago de Chapala y mejorar la seguridad del abastecimiento para alrededor de 3.15 millones de habitantes del área metropolitana.
La propuesta contempla un esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO), mediante el cual una empresa privada participaría en el desarrollo y funcionamiento de la infraestructura, con pagos durante un periodo de entre 20 y 25 años.
El planteamiento deberá ser analizado por el Congreso de Jalisco, por lo que su presentación no significa que la obra haya sido aprobada. El modelo financiero ha generado cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes han advertido sobre los compromisos de largo plazo y la participación privada en un servicio estratégico.
Mariana Casillas Guerrero, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, expresó reservas sobre el esquema CMRO al considerar que podría trasladar funciones estratégicas del servicio a empresas privadas. En contraste, el Gobierno estatal sostiene que el mecanismo permitiría realizar la inversión sin contratar deuda pública directa y afirma que no implicará un incremento de tarifas para los usuarios por el financiamiento de la obra.
Aunque el nuevo acueducto busca atender necesidades estructurales del abastecimiento, su eventual construcción no representa una solución inmediata para las familias que denuncian problemas con el agua que reciben actualmente.
La ciudadanía exige respuestas
La marcha hacia Casa Jalisco vuelve a colocar en el centro del debate la calidad del agua, la operación del SIAPA y la obligación de las autoridades de informar con claridad sobre los riesgos y las medidas correctivas.
Los habitantes reclaman conocer las causas de la contaminación, disponer de resultados de análisis que permitan evaluar la calidad del líquido y contar con un calendario claro para normalizar el servicio. También exigen que las medidas anunciadas se traduzcan en agua apta para los usos domésticos y no únicamente en una mejoría visible del color o del olor.
Mientras el Gobierno estatal prepara un esquema de distribución con posibles tandeos y el Congreso analiza la propuesta del nuevo acueducto, la movilización ciudadana mantiene la presión sobre las autoridades para obtener una solución al problema inmediato.
La crisis combina así dos desafíos: garantizar agua de calidad en los hogares y revisar la infraestructura que sostiene el abastecimiento de Guadalajara. La respuesta a ambos requiere información pública verificable, medidas de corto plazo y decisiones de inversión cuyo costo y resultados puedan ser evaluados por la ciudadanía.
