El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó iniciar el proceso para retirar o reducir la protección federal de los lobos grises y lobos mexicanos, una medida que busca dar mayores facultades a rancheros y autoridades para controlar a estos depredadores cuando ataquen al ganado.
La orden ejecutiva, firmada este viernes 4 de septiembre, instruye al Departamento del Interior a determinar en un plazo de 90 días si ambas poblaciones cumplen los criterios de recuperación establecidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Si concluye que los criterios se han alcanzado, deberá iniciar el procedimiento para retirar o reducir su protección.
El documento también ordena al Departamento del Interior y al de Agricultura revisar las reglas para investigar y compensar las pérdidas de ganado atribuidas a lobos, así como considerar cambios que permitan una eliminación letal más rápida de ejemplares cuando sea necesario. Además, pide trabajar con los estados para modificar sus propias normas de protección y facilitar el control de los animales.
Durante el anuncio en la Casa Blanca, Trump llegó a decir a los rancheros presentes que podían disparar a los lobos. La declaración ocurrió mientras varios productores describían los ataques a sus rebaños y la dificultad para actuar debido a la protección federal de los animales.
La disputa entre lobos y ganaderos
El conflicto tiene décadas de historia. Los lobos grises fueron perseguidos sistemáticamente en Estados Unidos durante buena parte del siglo XX, hasta quedar prácticamente eliminados de gran parte de su distribución histórica en los 48 estados continentales.
Las protecciones federales y los programas de recuperación permitieron que sus poblaciones aumentaran de manera significativa. Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, después de haber llegado a alrededor de mil ejemplares cuando comenzaron las primeras protecciones, la población en los 48 estados continentales superaba los 6 mil lobos en 2020.
Ese crecimiento, sin embargo, generó nuevos conflictos con productores ganaderos, especialmente en regiones del oeste donde los lobos volvieron a ocupar territorios utilizados para la cría de ganado.
La posición de la administración Trump es que los rancheros necesitan herramientas para proteger sus animales. El Departamento de Agricultura sostiene que las medidas permitirán enfrentar a depredadores que amenazan al ganado y mejorar los mecanismos de compensación por las pérdidas.
Pero la orden no significa que todos los rancheros puedan comenzar a matar lobos sin restricciones. El gobierno debe determinar primero si las poblaciones cumplen los criterios establecidos en la legislación para reducir o eliminar su protección y, en su caso, modificar las reglas correspondientes.
El lobo gris ya se recuperó en algunas regiones
La situación del lobo gris tampoco es uniforme en todo Estados Unidos.
Tras una decisión judicial de 2022, los lobos grises de los 48 estados continentales —excepto la población de las Montañas Rocosas del Norte— volvieron a estar protegidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Actualmente están clasificados como amenazados en Minnesota y en peligro de extinción en los demás estados comprendidos por esa protección federal.
Las poblaciones de Idaho, Montana y Wyoming, entre otras áreas de las Montañas Rocosas del Norte, permanecen bajo manejo estatal después de procesos anteriores de recuperación y retiro de la protección federal.
El gobierno de Trump ya había retirado las protecciones federales del lobo gris en 2020, durante su primer mandato, al considerar que la especie se había recuperado. Sin embargo, una corte federal anuló esa decisión en 2022 y restableció las protecciones en buena parte del país.
El lobo mexicano enfrenta un escenario distinto
El caso del lobo mexicano (Canis lupus baileyi) es más delicado. Esta subespecie, que históricamente habitó zonas del suroeste de Estados Unidos y México, fue prácticamente eliminada de la vida silvestre estadounidense por campañas de exterminio y conflictos con la ganadería.
En 1976 fue incluida en la lista de especies en peligro de extinción y posteriormente se puso en marcha un programa binacional de reproducción en cautiverio y reintroducción. Los primeros lobos criados bajo este programa fueron liberados en Arizona en 1998.
La población silvestre ha aumentado desde entonces, pero continúa siendo pequeña. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre mantiene un programa específico de recuperación y monitoreo debido a la vulnerabilidad de esta población.
Además del número de ejemplares, los científicos consideran relevante su diversidad genética. La población actual desciende de un grupo fundador extremadamente reducido, por lo que la conservación genética es uno de los desafíos centrales para evitar que la recuperación numérica no vaya acompañada de problemas de consanguinidad y pérdida de diversidad.
Esto significa que contar más lobos no necesariamente equivale a que la población esté completamente recuperada. Una población puede aumentar en número y, al mismo tiempo, mantener riesgos genéticos que comprometan su capacidad de sobrevivir a largo plazo.
Conservacionistas cuestionan la medida
Los grupos conservacionistas han rechazado la decisión de Trump y advierten que reducir las protecciones puede revertir décadas de recuperación.
El Centro para la Diversidad Biológica señaló que el lobo mexicano sigue enfrentando problemas genéticos y cuestionó que los conflictos con el ganado justifiquen retirar las protecciones federales. La organización también sostuvo que existen programas de compensación para productores por las pérdidas de ganado atribuidas a lobos.
El debate, por tanto, enfrenta dos objetivos: permitir a los ganaderos responder a los ataques contra sus animales y mantener poblaciones de lobos capaces de sobrevivir a largo plazo.
La propia historia de recuperación de ambas poblaciones explica la dificultad del conflicto. Los lobos fueron llevados casi al exterminio en amplias regiones de Estados Unidos; las medidas de conservación permitieron su regreso, pero esa recuperación los puso nuevamente en contacto con actividades ganaderas.
La orden de Trump abre ahora una nueva etapa de esa disputa. En los próximos 90 días, el Departamento del Interior deberá determinar si los lobos grises y mexicanos cumplen los criterios de recuperación para reducir o retirar su protección federal, mientras la administración busca facilitar el control de ejemplares que depreden ganado.
