El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles dos nuevas órdenes ejecutivas con las que busca restringir el acceso a la ciudadanía por nacimiento y reforzar las acciones contra el llamado «turismo de parto», una práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan al país con el propósito de que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer.
Las nuevas medidas representan un nuevo intento de la administración Trump por limitar el alcance de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, después de que la Corte Suprema rechazó en junio una orden ejecutiva más amplia que pretendía eliminar la ciudadanía automática para hijos de migrantes indocumentados y de personas con estancias temporales en el país.
Una de las órdenes ejecutivas instruye a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a reforzar la detección y el combate de las redes dedicadas al «turismo de parto», mediante mayores controles en la expedición de visas, investigaciones sobre empresas que ofrecen este tipo de servicios y acciones para impedir que visitantes utilicen visas de turismo con ese propósito.
La segunda orden busca restringir la ciudadanía automática para hijos de determinadas categorías de extranjeros, entre ellas funcionarios de gobiernos extranjeros y personas que, de acuerdo con la administración, se encuentran en situaciones contempladas como excepciones al principio constitucional de ciudadanía por nacimiento. La Casa Blanca sostiene que las medidas se ajustan a los límites establecidos por la reciente resolución de la Corte Suprema y no contradicen el fallo emitido el pasado 30 de junio.
Durante la firma de los decretos, Trump afirmó que la ciudadanía por nacimiento ha sido utilizada durante años como un incentivo para la migración irregular y aseguró que su administración busca cerrar «vacíos legales» que, a su juicio, han sido aprovechados por organizaciones dedicadas al tráfico de personas y por redes comerciales que promueven el nacimiento de menores en territorio estadounidense para obtener beneficios migratorios.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles y especialistas en derecho constitucional anticiparon que las nuevas órdenes ejecutivas enfrentarán impugnaciones judiciales. Consideran que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas en Estados Unidos y que el Ejecutivo no puede modificar ese principio mediante decretos presidenciales.
