La empresa china Ganfeng y dos de sus filiales en México han iniciado un arbitraje contra el gobierno mexicano por la cancelación de una concesión minera en Sonora. La solicitud fue presentada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
El conflicto se originó en agosto pasado, cuando el gobierno canceló las concesiones de Ganfeng tras la nacionalización de la industria del litio en 2022, decretada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En 2021, Ganfeng había adquirido Bacanora Lithium, que desarrollaba una mina valorada en 800 millones de dólares, con planes de iniciar producción comercial en 2023. Sin embargo, en abril de 2022, la legislación mexicana otorgó al estado el control total sobre la minería de litio, deteniendo las actividades del proyecto.
A pesar del respaldo de la industria a Ganfeng, la Secretaría de Economía de México ratificó la cancelación. El proyecto en Sonora incluía una mina a cielo abierto y una planta de procesamiento, con una capacidad de producción de 35,000 toneladas de litio al año, destinado a la cadena de suministro de vehículos eléctricos del país.
La demanda de arbitraje recordó que, tras la cancelación de las concesiones, los corporativos afectados presentaron recursos de revisión administrativas ante la Secretaría de Economía para impugnar dichas resoluciones.
En noviembre de 2023, la Secretaría de Economía confirmó la cancelación de las concesiones mineras, originalmente emitidas por la Dirección General de Minas.
Para enero de 2024, las empresas presentaron demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, buscando anular las resoluciones que cancelaban las nueve concesiones.
“El TFJA ha admitido las demandas de nulidad, las cuales están actualmente pendientes de resolución”, se puede leer en el documento.
En mayo de 2024, Shanghai Ganfeng, Bacanora y Sonora iniciaron un procedimiento de arbitraje ante el CIADI respecto a una serie de leyes, regulaciones y medidas relacionadas emitidas por México, es decir, por la nacionalización del litio que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El siguiente paso de esta queja presentada por las empresas chinas es constituir el tribunal y presentar las posiciones respectivas de las partes en las fases escritas y orales.
“Se aconseja a los inversionistas que sean conscientes de los riesgos de inversión”, subrayó.
