El investigador Juan José Santibáñez consideró que la universidad debe resolver con rapidez los problemas que originaron el conflicto, particularmente la compra de vehículos y las condiciones de seguridad de la biblioteca de Iztapalapa.
La prolongación de la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha incrementado la complejidad del conflicto y el riesgo de que las actividades académicas no puedan recuperarse durante el próximo ciclo escolar.
El doctor Juan José Santibáñez, profesor titular del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, advirtió que la falta de respuestas oportunas a las demandas que originaron el movimiento ha provocado que se incorporen nuevas exigencias, algunas de ellas difíciles de atender debido a las restricciones presupuestarias de la institución.
Durante una entrevista con Alcanzando el Conocimiento, el académico explicó que el conflicto comenzó en la Unidad Iztapalapa a partir de dos asuntos: la adquisición de vehículos Tesla, cuyo costo se ubicó alrededor de los 10 millones de pesos, y las condiciones de seguridad de la biblioteca universitaria.
Sobre la compra de los automóviles, señaló que la propia institución reconoció que se trató de una decisión apresurada y que se determinó cancelar la operación. También mencionó la necesidad de revisar los mecanismos de venta de vehículos institucionales a funcionarios, particularmente los descuentos que pueden alcanzar hasta 30 por ciento, con el propósito de evitar posibles irregularidades.
En cuanto a la biblioteca, indicó que existe un problema de confianza entre las autoridades y los estudiantes, quienes consideran que no se han garantizado las condiciones necesarias de seguridad para su reapertura.
Santibáñez planteó que la solución debe partir de un dictamen técnico independiente sobre las condiciones estructurales y de seguridad del inmueble, en el que participen especialistas de la propia universidad y representantes de la comunidad estudiantil.
Consideró que la UAM cuenta con académicos y profesionales capacitados en arquitectura e ingeniería civil que podrían realizar una evaluación objetiva, cuyos resultados deberían hacerse públicos y servir de base para tomar las decisiones correspondientes.
Las nuevas demandas complican la negociación
El investigador señaló que, conforme se prolonga un movimiento social, suelen incorporarse nuevas demandas que hacen más difícil alcanzar acuerdos.
Entre ellas mencionó el planteamiento de incrementar las becas hasta 45 mil pesos mensuales, con el argumento de recuperar su poder adquisitivo.
Aunque reconoció la importancia de fortalecer los apoyos para los estudiantes, consideró que un incremento de esa magnitud sería difícil de financiar en las condiciones presupuestarias actuales.
Explicó que una exigencia de ese tamaño rebasa la capacidad de respuesta de las autoridades universitarias y trasladaría parte de la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, lo que añade otro nivel de complejidad a la negociación.
Para Santibáñez, la universidad debe concentrarse en atender las demandas que están dentro de sus posibilidades presupuestarias y administrativas, entre ellas mejorar las condiciones de las instalaciones, transparentar el ejercicio de los recursos y responder de manera puntual a las necesidades de los estudiantes.
En materia de transparencia, señaló que la UAM cuenta con sistemas que permiten consultar información sobre el gasto de las distintas áreas, por lo que consideró viable fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y facilitar el acceso a información presupuestaria.
El riesgo de perder el año académico
El académico alertó que el tiempo es un factor determinante para resolver el conflicto. Advirtió que, si no se alcanza una solución, la universidad podría enfrentar un nuevo escenario de tensión con motivo de la revisión de las demandas sindicales y el posible estallamiento de otra huelga a finales de enero o principios de febrero.
Esto abriría la posibilidad de que confluyeran dos conflictos laborales y estudiantiles, con consecuencias mucho más graves para la comunidad universitaria.
El riesgo, advirtió, no sería únicamente perder un trimestre, sino comprometer la continuidad de todo el año académico.
Por ello, llamó a las autoridades universitarias a actuar con agilidad, atender los problemas que dieron origen al movimiento y construir soluciones mediante el diálogo y la participación de los estudiantes.
La crisis de la UAM vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de fortalecer la transparencia, la seguridad de los espacios universitarios y la capacidad institucional para responder a las demandas de su comunidad.
Para Santibáñez, resolver los problemas iniciales es fundamental para evitar que el conflicto siga creciendo y termine afectando a miles de estudiantes.



