La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció el inicio de una huelga nacional indefinida a partir del próximo 1 de junio, así como un plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México y la suspensión de clases en al menos 10 estados del país.
La decisión fue tomada durante la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, luego de que el magisterio disidente consideró insuficientes las respuestas del gobierno federal a sus demandas laborales y de seguridad social.
Entre las principales exigencias del movimiento se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un aumento salarial mayor al anunciado recientemente por el gobierno federal y la eliminación de reformas educativas impulsadas en administraciones anteriores.
El paro nacional arrancará con una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, donde instalarán un plantón indefinido. Además, las secciones sindicales contemplan realizar bloqueos, movilizaciones y otras acciones de protesta dependiendo de la respuesta de las autoridades federales.
De acuerdo con dirigentes magisteriales, participarán contingentes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, Zacatecas, Chihuahua, Baja California Sur, Yucatán y Veracruz, entre otros estados.
La CNTE sostuvo que el incremento salarial de 9 por ciento anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no responde a las necesidades del magisterio, al argumentar que sólo una parte corresponde directamente al salario base y el resto a prestaciones.
“La cerrazón de la presidenta de la República a atender nuestras legítimas demandas” motivó la determinación de ir a huelga nacional, señalaron representantes de la organización.
Las movilizaciones coincidirán con los preparativos para la Copa Mundial de Futbol 2026, que iniciará el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, situación que la CNTE buscará aprovechar para visibilizar internacionalmente sus demandas.
El magisterio disidente advirtió que mantendrá las protestas hasta obtener respuestas concretas del gobierno federal respecto a sus demandas laborales, salariales y pensionarias.
