La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reforzó acciones de análisis e investigación contra redes presuntamente vinculadas con lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico.
Lo anterior, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 14 sujetos —12 personas físicas y dos empresas— presuntamente vinculados con dos redes criminales asociadas con tráfico internacional de drogas y operaciones de lavado de activos.
De acuerdo con el comunicado, una de las estructuras identificadas estaba dedicada al lavado de dinero proveniente de la venta de fentanilo mediante el uso de criptomonedas y activos virtuales.
Asimismo, las autoridades detectaron operadores financieros y empresas presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de transacciones comerciales y mecanismos financieros.
La dependencia federal señaló que un segundo esquema criminal identificado estaría relacionado con tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y traslado de efectivo entre México y Estados Unidos.
Como parte de las acciones en territorio nacional, la UIF realizó análisis fiscales, financieros y corporativos de las personas y empresas señaladas, con el objetivo de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hacienda destacó que la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses busca fortalecer la cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional”, indicó la dependencia.
La dependencia agregó que las acciones forman parte de las estrategias para proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento ilícito.
