La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó la tercera colocación simultánea del año de Bondes G y Bono S, mediante la cual obtuvo 40 mil millones de pesos para fortalecer la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La emisión, realizada bajo el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, comprendió 30 mil 400 millones de pesos en Bondes G, con plazos de dos, tres, cuatro y seis años, y 9 mil 600 millones de pesos en Bono S, a un plazo de diez años.
De acuerdo con Hacienda, la subasta registró una demanda de 100 mil 280 millones de pesos, equivalente a 2.51 veces el monto asignado, lo que atribuyó a la amplia participación de inversionistas nacionales y extranjeros y a la confianza en los instrumentos emitidos por el Gobierno de México.
Los Bondes G son instrumentos de tasa flotante referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México, mientras que el Bono S es un instrumento de tasa fija con un cupón de 8 por ciento. La dependencia explicó que este último está vinculado a los ODS para transparentar la asignación de recursos presupuestarios destinados a proyectos con impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
En cuanto a los resultados de la colocación, Hacienda informó que en los Bondes G se asignaron 4 mil millones de pesos a dos años, 8 mil 900 millones a tres años, 7 mil millones a cuatro años y 10 mil 500 millones a seis años, con sobretasas de 0.1297, 0.1599, 0.1848 y 0.2027 por ciento, respectivamente. El Bono S registró una tasa de rendimiento de 9.27 por ciento.
La Secretaría destacó que con esta operación México consolida su posición como emisor soberano de referencia en América Latina en el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles alineados con criterios ASG y fortalece la curva de rendimiento de este tipo de valores, que sirve como referencia para futuras emisiones temáticas.
Asimismo, señaló que la colocación se realizó dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026 y conforme a la Ley Federal de Deuda Pública, como parte de una política fiscal prudente orientada al uso eficiente y transparente del financiamiento público.
