La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para la inversión, la competitividad y el crecimiento económico del país, al generar mayores costos para ciudadanos y empresas, desalentar la inversión y debilitar la confianza en las instituciones.
Con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, el organismo empresarial señaló que el costo promedio de la corrupción para cada ciudadano alcanzó 3 mil 865 pesos en 2025, el nivel más alto de la última década.
Además, 9.42 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción al realizar trámites o interactuar con autoridades, lo que representó pérdidas económicas cercanas a 17 mil millones de pesos.
Coparmex afirmó que la corrupción incrementa los costos de hacer negocios, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales, por lo que consideró indispensable fortalecer el Estado de Derecho para consolidar a México como un destino confiable para la inversión.
El organismo también destacó que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 revela que 98.9 por ciento de los actos de corrupción que enfrentan las empresas permanecen impunes, al no ser denunciados o investigados.
Cuatro de cada diez empresas enfrentaron actos de corrupción
Los resultados del indicador #MxSinCorrupción, elaborado por #DataCoparmex 2025, muestran que 40.2 por ciento de las empresas afiliadas enfrentó al menos un acto de corrupción durante el último año.
Aunque el indicador registró una mejoría de 6.6 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, el organismo advirtió que cuatro de cada diez empresas continúan enfrentando prácticas irregulares en su relación con las autoridades.
La mayor incidencia de estos actos se registró en el ámbito municipal, con 62.2 por ciento, seguido del estatal, con 57.8 por ciento, y del federal, con 42.8 por ciento. Además, casi una quinta parte de las empresas reportó haber enfrentado corrupción en los tres niveles de gobierno.
Coparmex también alertó sobre el impacto de la extorsión. Entre las empresas que fueron víctimas de algún delito, 17.3 por ciento sufrió extorsión o cobro de piso y, en 37 por ciento de los casos, los responsables fueron autoridades o personas que se hicieron pasar por ellas.
El organismo subrayó que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son las más afectadas, debido a que cuentan con menos recursos para absorber pagos indebidos, retrasos administrativos y otros costos asociados a la corrupción, lo que limita su crecimiento y desincentiva la formalidad.
Exceso de trámites favorece la discrecionalidad
La confederación señaló que el exceso regulatorio también contribuye al problema. De acuerdo con #DataCoparmex 2025, 48.9 por ciento de las empresas enfrentó obstáculos al realizar trámites gubernamentales y dedica, en promedio, 82 horas mensuales al cumplimiento de obligaciones regulatorias.
A juicio del organismo, cada trámite innecesario incrementa la discrecionalidad de los funcionarios y abre espacios para actos de corrupción, por lo que planteó avanzar en la simplificación y digitalización de los procesos administrativos.
Piden fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción
Ante este panorama, Coparmex hizo un llamado a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, mejorar la coordinación entre las instituciones responsables y garantizar mecanismos eficaces de prevención, investigación, sanción y rendición de cuentas.
Entre sus propuestas destacan fortalecer los mecanismos de control y auditoría en los tres órdenes de gobierno, aplicar sanciones efectivas a los servidores públicos involucrados en actos de corrupción, digitalizar y homologar trámites, establecer canales de denuncia seguros para ciudadanos y empresas, combatir la extorsión y garantizar la participación del sector empresarial y de la sociedad civil en el diseño y evaluación de las políticas anticorrupción.
Finalmente, la organización reiteró su disposición para colaborar con los distintos niveles de gobierno en el diseño de políticas públicas y reformas regulatorias que permitan reducir la corrupción, fortalecer la certeza jurídica y mejorar las condiciones para atraer inversión y generar mayor competitividad.
