La cancelación de visas estadounidenses a ciudadanos mexicanos abrió nuevamente el debate sobre los límites de la relación entre México y Estados Unidos y sobre la posibilidad de que decisiones administrativas o diplomáticas sean interpretadas como instrumentos de presión política.
Durante la mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que una visa estadounidense, salvo cuando se trata de un documento diplomático o solicitado por un gobierno por razones oficiales, es un asunto individual entre la persona que la solicita y las autoridades de Estados Unidos.
La presidenta señaló que el Gobierno de México no conoce las razones específicas por las que Estados Unidos ha decidido cancelar visas a ciudadanos mexicanos. Sin embargo, al referirse al caso de Andrés Manuel López Beltrán, consideró que cuando este tipo de medidas involucra a personas políticamente expuestas puede existir una dimensión política.
Sheinbaum ubicó este episodio dentro de un contexto más amplio: el proceso electoral estadounidense.
Recordó que en noviembre habrá elecciones en Estados Unidos y que, históricamente, México ha sido utilizado como tema dentro de las disputas políticas de ese país.
“México no es un tema para su elección. Para su elección el tema es los problemas que tienen dentro de Estados Unidos”, afirmó.
Una visa no equivale a una investigación penal
Uno de los puntos centrales de la intervención presidencial fue la necesidad de distinguir entre una decisión migratoria de Estados Unidos y una investigación penal en México.
Después de que López Beltrán informó sobre la cancelación de su visa, surgieron versiones que lo relacionaron con las investigaciones sobre el llamado “huachicol fiscal”.
Sheinbaum negó que exista una investigación de la Fiscalía General de la República en su contra por este delito y afirmó que, de acuerdo con la información proporcionada por la propia Fiscalía, no existen elementos para iniciar una investigación.
La presidenta cuestionó además la lógica de utilizar la cancelación de una visa estadounidense como indicio para establecer responsabilidades penales en México.
“¿Pero que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, ¿de cuándo acá?”, señaló.
La distinción resulta relevante porque una visa no constituye un reconocimiento de inocencia ni de culpabilidad. Se trata de una autorización otorgada por un Estado extranjero para ingresar a su territorio bajo determinadas condiciones. Una eventual cancelación puede responder a criterios migratorios, administrativos, de seguridad o a información que las autoridades de ese país no necesariamente hacen pública.
Por ello, la cancelación de una visa no constituye, por sí misma, evidencia de la comisión de un delito en México.
El combate al contrabando de combustibles
En paralelo, Sheinbaum destacó las acciones que su administración ha emprendido contra el llamado “huachicol fiscal”, una modalidad de contrabando de combustibles que ha colocado bajo escrutinio las operaciones de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos.
La presidenta explicó que se han reforzado los controles en las aduanas y que actualmente se monitorean operaciones tanto marítimas como terrestres.
También mencionó la revisión de los llamados “carriles libres”, por donde anteriormente circulaban pipas con menores controles, así como las investigaciones relacionadas con ferrotanques utilizados para introducir combustible de manera ilegal al país.
De acuerdo con la presidenta, las medidas implementadas y las detenciones realizadas han permitido reducir de manera importante el contrabando de combustibles.
Este punto adquiere especial relevancia porque el combate al huachicol fiscal no solamente implica una estrategia de seguridad, sino también una política de control aduanero y fiscal. El ingreso ilegal de combustibles puede generar pérdidas para el Estado, distorsionar el mercado y facilitar redes de corrupción y delincuencia organizada.
Coordinación sí, subordinación no
El planteamiento de Sheinbaum fue más allá del caso particular de las visas y se convirtió en una defensa explícita de la soberanía mexicana.
La presidenta reconoció que México mantiene una relación de coordinación con Estados Unidos y que existen mecanismos de intercambio de información entre ambos gobiernos. Sin embargo, estableció una línea que consideró fundamental: la cooperación no significa subordinación.
“Nosotros en México tenemos una buena relación, tenemos coordinación sin subordinación, pero en México deciden los mexicanos, no decide nadie más”, afirmó.
La frase resume una de las tensiones permanentes de la relación bilateral: México y Estados Unidos comparten una frontera de más de 3 mil kilómetros, cadenas productivas profundamente integradas y problemas transnacionales como migración, tráfico de drogas, tráfico de armas y contrabando de combustibles.
Esa interdependencia obliga a mantener mecanismos de cooperación, pero al mismo tiempo plantea el desafío de preservar la capacidad de cada país para tomar decisiones dentro de su propio marco institucional.
¿Quién decide sobre México?
La presidenta también cuestionó que dirigentes de la oposición mexicana acudan a Estados Unidos para solicitar acciones contra políticos o funcionarios mexicanos.
Al referirse al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Sheinbaum comparó esta conducta con episodios históricos en los que grupos políticos mexicanos recurrieron a potencias extranjeras en busca de respaldo para intervenir en los asuntos nacionales.
Más allá de la confrontación política, la presidenta llevó la discusión a una pregunta de fondo: quién tiene la facultad de decidir sobre México.
“¿Quién decide sobre México? ¿Quién decide quién gobierna en México? ¿Quién decide a quién se juzga en México? ¿Quién decide a qué gobernador apoyar? ¿O a qué candidata o candidato apoyar?”, planteó.
Su respuesta fue contundente: “El pueblo. La soberanía reside en el pueblo”.
El episodio vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que trasciende el debate partidista: cómo mantener una relación estrecha y necesaria con Estados Unidos sin convertir la cooperación bilateral en una vía para trasladar decisiones políticas internas fuera de las instituciones mexicanas.
En un contexto electoral estadounidense en el que México suele ocupar un lugar destacado en el discurso político, la postura de Sheinbaum busca establecer un principio: la relación bilateral puede ser de coordinación, intercambio y colaboración, pero las decisiones sobre la vida política de México corresponden a sus ciudadanos y a sus instituciones.
