Ciudad de México, 7 de enero de 2026.— La protección de los animales no puede sostenerse únicamente en la buena fe. Requiere condiciones técnicas, supervisión institucional y marcos legales claros. Esa es la lección que deja el operativo realizado esta semana en el Refugio Franciscano A.C., en la alcaldía Cuajimalpa, donde autoridades capitalinas aseguraron más de 900 perros y gatos tras denuncias por presunto maltrato, hacinamiento y omisiones en su atención.
La intervención fue encabezada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal y de la Agencia de Atención Animal (AGATAN). De acuerdo con los primeros informes oficiales, numerosos animales presentaban signos de desnutrición, enfermedades sin tratamiento veterinario y condiciones incompatibles con el bienestar animal, además de espacios saturados y carencias estructurales.
La Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, anuncia que el @GobCDMX ha decidido rescatar a todos los animales del refugio Franciscano ubicado en Cuajimalpa | @berthaliciag pic.twitter.com/nGoQZWEjEK
— Alcanzando el Conocimiento (@alcanzandohoy) January 7, 2026
Un conflicto que se incubó durante años
El operativo no ocurrió en el vacío. El Refugio Franciscano atravesaba desde hace meses un conflicto legal por la posesión del predio que ocupa, propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, lo que derivó en procesos judiciales, órdenes de desalojo y recursos legales en disputa. En ese contexto, la incertidumbre jurídica se sumó a una crisis operativa que terminó por colocar a los animales en el centro del problema.
Este caso expone una falla estructural recurrente: refugios que crecen en número de animales sin que crezcan, al mismo ritmo, la capacidad técnica, el financiamiento, la infraestructura ni la supervisión pública.
¿Rescate o fracaso del sistema?
Tras el aseguramiento, el Gobierno de la Ciudad de México informó que los animales fueron trasladados a espacios temporales y albergues especializados, donde recibirán atención médica, alimentación y evaluación integral. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades administrativas o penales, conforme a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales.
Pero más allá del expediente judicial, el caso obliga a una pregunta incómoda: ¿Qué tan preparado está el sistema público para acompañar, regular y fortalecer a los refugios civiles? La ausencia de mecanismos de evaluación continua, apoyo técnico y coordinación interinstitucional convierte a muchos espacios de rescate en estructuras frágiles, dependientes del voluntarismo y vulnerables al colapso.
Protección animal basada en evidencia
En Alcanzando el Conocimiento sostenemos que la defensa de los animales debe construirse desde la evidencia, la prevención y la política pública, no sólo desde la urgencia o la reacción. La protección animal exige planeación, ciencia veterinaria, regulación clara y corresponsabilidad social, especialmente en una ciudad donde el abandono sigue siendo un problema estructural.
El caso del Refugio Franciscano permanece abierto. Lo que está en juego no es únicamente el destino legal de una asociación civil o de un predio, sino la capacidad de la ciudad para transformar la compasión en sistemas funcionales y sostenibles.
