Regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas no debe limitarse a prohibirlos, sino considerar factores pedagógicos, cognitivos, de salud mental y los distintos niveles educativos, señalaron especialistas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.
Durante la conferencia a distancia “Yo celular, el teléfono en la escuela”, Gabriela de la Cruz Flores, directora del IISUE, destacó que en México y América Latina existe un creciente interés por establecer políticas públicas sobre el uso de estos dispositivos en las aulas, aunque el objetivo debería ser avanzar hacia una ciudadanía digital.
La académica explicó que un informe de la UNESCO publicado en junio de este año identifica tres tendencias en la región: regulación, restricción condicionada y prohibición. Para marzo de 2026, sólo Brasil, Chile, Colombia y Paraguay contaban con leyes sobre la regulación de celulares en planteles educativos.
En México, agregó, 19 estados cuentan con algún tipo de regulación, entre ellos Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, pero todavía no existe una legislación federal unificada. La Secretaría de Educación Pública ha realizado consultas con docentes de distintas entidades para avanzar hacia un marco regulatorio.
Un dispositivo presente todos los días
De la Cruz Flores señaló que el celular ya forma parte de la vida cotidiana de la población mexicana: de acuerdo con datos del INEGI, 81 por ciento de las personas mayores de seis años lo utiliza diariamente.
Por ello, consideró necesario analizar los usos que niñas, niños y adolescentes hacen de estos dispositivos y determinar en qué medida son compatibles con los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
La investigadora Janneth Trejo Quintana planteó dos razones principales para limitar su uso en las escuelas: los efectos pedagógicos y cognitivos, al convertirse en una fuente de distracción dentro del aula, y su relación con el uso de redes sociodigitales y la salud mental.
Trejo Quintana señaló que la disponibilidad permanente del teléfono durante las clases puede generar distracciones y recordó que estudios señalan que, después de una interrupción, una persona puede tardar hasta 20 minutos en recuperar la concentración.
Sin embargo, se pronunció en contra de una prohibición generalizada y consideró más conveniente establecer lineamientos y objetivos claros mediante una política pública.
La regulación debe cambiar según la edad
El investigador Sebastián Plá Pérez advirtió que los teléfonos también modifican las dinámicas de socialización y las relaciones pedagógicas tradicionales, debido a su carácter “ubicuo”: una persona puede estar físicamente en el salón de clases mientras mantiene una interacción virtual mediante chats o redes sociales.
Por ello, consideró que cualquier regulación debe tomar en cuenta los distintos niveles educativos, pues el uso de un teléfono en secundaria no plantea necesariamente las mismas condiciones que en licenciatura o posgrado.
El investigador también llamó a revisar el papel que los propios adultos tienen en la manera en que niñas, niños y adolescentes adoptan estas tecnologías. Antes de establecer reglas, dijo, padres, docentes y autoridades deben analizar cómo los adultos utilizan los dispositivos y cómo ese comportamiento influye en los menores.
Los especialistas coincidieron así en que el debate sobre los celulares en las escuelas no se reduce al dispositivo en sí, sino a cómo se utiliza, quién establece las reglas, con qué objetivos y de acuerdo con las necesidades de cada comunidad educativa.
