Con el propósito de escuchar las demandas de los pobladores de San Antonio Limón Totalco, en el municipio de Perote, Veracruz, referentes a la problemática derivada de la granja porcícola Granjas Carroll, el 11 de junio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de sus oficinas de representación en Puebla y Veracruz, llevaron a cabo una mesa de diálogo para dar atención en el marco de sus atribuciones.
En el encuentro, que contó también con la participación de las autoridades estatales, se expresaron demandas como la revisión de las concesiones de agua y contaminación de los acuíferos, las cuales serán revisadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Asimismo, se pidió verificar las autorizaciones de impacto ambiental de esta empresa, las cuales podrían haber sido otorgadas por el gobierno estatal por ser quien regula la actividad pecuaria en materia de impacto ambiental, así como la generación de residuos de manejo especial, producto de la misma.
Con estos diálogos, el sector ambiental federal busca generar las condiciones para encauzar la atención de la comunidad con los diferentes niveles de gobierno de acuerdo con sus atribuciones y competencias. De igual forma, se ha proporcionado acompañamiento institucional a la Representación de la Secretaría de Gobernación en Veracruz para atender esta situación.
Es importante destacar que la región Valle de Perote pertenece a la zona del acuífero Libres-Oriental, en Puebla, por lo que diversas organizaciones que se han manifestado en torno a la granja porcícola pertenecen a dicha entidad. En distintas ocasiones han sido atendidas por la Conagua por el supuesto uso de avionetas, cañones antigranizo y otros instrumentos que a decir de la población inhiben la lluvia, casos de privatización de agua y peticiones de cierre de empresas como en este caso.
La Semarnat y sus organismos llevarán a cabo las diligencias correspondientes para corroborar que cualquier empresa o industria cumpla con la normatividad ambiental federal que le corresponda y, en su caso, aplicar las sanciones que puedan derivar de su incumplimiento.
