En su sesión de este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, por siete votos contra dos, el decreto que declara a Yucatán como zona libre de organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos.
La Corte determinó la invalidez del decreto emitido por el entonces gobernador Rolando Zapata Bello en 2016, luego de las protestas de las comunidades indígenas de apicultores, que denunciaron durante varios años que los cultivos de OGM, principalmente de soya, utilizaban glifosato, un herbicida que estaba afectando a las abejas de la península.
El pleno de la Corte determinó que la siembra de OGM es una competencia federal, y aclaró que se exhortará al Gobierno de México para que dé respuesta a las solicitudes presentadas por diversas comunidades de Yucatán para declarar zonas libres de estos cultivos.
La decisión del máximo tribunal del país se conoció a través de un comunicado difundido en Twitter:
https://twitter.com/SCJN/status/1161371855795585024?s=20
El ministro ponente José Fernando Franco González Salas expuso el marco jurídico que atribuye la responsabilidad a las autoridades federales para esta decisión.
“Se sostiene que, conforme al artículo 90, fracción II, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, correspondía originalmente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), hoy Secretaría de Agricultura y Derecho Rural, determinar las zonas libres de organismos genéticamente modificados previo dictamen de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, y opinión de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, para lo cual debía tomar en cuenta lo establecido en las normas oficiales mexicanas relativas a los productos agrícolas orgánicos”, detalló el minsitro durante la sesión del lunes.
En la discusión, el ministro Luis María Aguilar acotó que la decisión de invalidar el decreto se tomó en función de la competencia para determinar zonas libres de OGM, pues no se busca comprometer la bioseguridad ni la salud de las comunidades.
“Aquí –como lo entiendo– es que estamos determinando sólo quién es el facultado, quién tiene la competencia para pronunciarse respecto de la medida que se está impugnando en este sentido (…) y sólo estamos planteándonos –según lo entiendo– la cuestión competencial de las autoridades. Por eso, quisiera dejar muy clara mi posición de que no me opongo a que se tomen estas medidas, sólo estamos diciendo a quién le corresponde tomarlas”.
Con información de: El Financiero
