Javier Herrera y Ricardo Mejía señalaron que el órgano interno de control debe informar sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones y el esquema de concentración de proveedores que, según denunciaron, opera desde hace más de 25 años.
Las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados sostuvieron este viernes una reunión con Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), para conocer los avances de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de material electoral.
Los presidentes de ambas comisiones, Javier Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), explicaron que el encuentro forma parte de un ejercicio de control parlamentario para revisar las acciones emprendidas por el órgano fiscalizador del instituto.
Herrera Borunda señaló que los legisladores tienen la responsabilidad de vigilar el desempeño de las instancias encargadas de supervisar a las instituciones públicas.
“La intención es tener un ejercicio de control parlamentario, que es una de las obligaciones que tenemos nosotros los legisladores, vigilar a quienes vigilan”, expresó.
Indicó que la reunión debía desarrollarse bajo el principio de máxima publicidad, aunque sin comprometer las investigaciones en curso ni vulnerar el debido proceso.
“La idea es que sea un ejercicio de máxima publicidad, de cara al pueblo, entendiendo que hay líneas de investigación que amerita por fundamento legal que se tengan que mantener sin mencionar ciertos nombres o técnicas”, explicó.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja señaló que uno de los principales asuntos que buscan esclarecer es la presunta concentración de contratos para la producción y suministro de boletas y otros materiales electorales, tanto en el INE como en los organismos públicos locales electorales (OPLE).
El legislador sostuvo que este esquema habría operado durante más de 25 años y mencionó a los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández, a quienes atribuyó la participación recurrente en contratos electorales durante distintas administraciones del instituto.
“Hay un cártel del material electoral que tiene José Alfredo Hernández y que fue tolerado y auspiciado por todas las gestiones del INE, y pues de eso queremos que se vaya a fondo”, afirmó.
Mejía recordó que en 2005 el entonces diputado Ricardo Monreal presentó una denuncia relacionada con la adjudicación de contratos de material electoral en el Estado de México a una empresa vinculada con los hermanos Hernández. Según expuso, el contrato habría implicado un sobrecosto de 42 millones de pesos.
También hizo referencia a audios difundidos recientemente sobre contrataciones de material electoral en Coahuila y Veracruz. En el caso de Coahuila, señaló que una empresa habría recibido cerca de 82 millones de pesos por parte del organismo electoral local durante el proceso de este año.
El diputado indicó que el titular del OIC ya había informado sobre investigaciones relacionadas con estas contrataciones durante una reunión del 9 de septiembre y que, posteriormente, remitió un documento a los legisladores con información sobre los procedimientos abiertos.
Mejía Berdeja consideró que las indagatorias deben establecer cuántos procesos y denuncias existen y, en caso de encontrar elementos, turnar los expedientes a las autoridades competentes.
“Todo se tiene que aclarar, todo”, sostuvo. Añadió que la Auditoría Superior de la Federación también revisa el tema y que las posibles responsabilidades administrativas o penales deberán ser determinadas por las instancias correspondientes.
El legislador mencionó que las investigaciones no deben limitarse a las contrataciones de material electoral, sino que también deben esclarecer otras denuncias relacionadas con presuntos cobros indebidos a trabajadores para conservar sus plazas.
La reunión con el titular del Órgano Interno de Control busca dar seguimiento a las denuncias y conocer el alcance de las investigaciones, sin interferir en los procedimientos. Los diputados señalaron que continuarán informando sobre los resultados de este ejercicio de revisión parlamentaria.
