- El proyecto contempla instalaciones de alta seguridad en seis estados, con una inversión cuyo esquema aún está en definición. El gobierno federal busca reducir la sobrepoblación carcelaria, fortalecer el control de los penales e incorporar espacios educativos, de salud y capacitación laboral para la reinserción social.
El Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad total proyectada de 18 mil 480 espacios. El objetivo es atender la sobrepoblación en los centros estatales, reforzar la seguridad y avanzar hacia un modelo penitenciario que combine el control de las instalaciones con condiciones para la reinserción social.
Durante la conferencia matutina de este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el proyecto se desarrollará en coordinación con los gobiernos estatales y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los nuevos complejos contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, además de módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.
La propuesta busca fortalecer los mecanismos de supervisión y control al interior de los penales, así como mejorar la distribución de la población penitenciaria.
Sobrepoblación carcelaria, uno de los principales desafíos
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el incremento de las detenciones desde el inicio de su administración ha contribuido a la sobrepoblación en algunos centros penitenciarios estatales.
De acuerdo con la mandataria, desde el comienzo de su gobierno han sido detenidas 70 mil personas, una cifra que, señaló, hace necesario ampliar la capacidad del sistema penitenciario.
Sheinbaum sostuvo que la saturación de las cárceles debe atenderse tanto por razones de seguridad como por el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
La sobrepoblación representa un desafío para la gestión de los centros penitenciarios, pues exige condiciones adecuadas de alojamiento, vigilancia, atención médica y acceso a actividades que contribuyan a la reinserción social.
En este contexto, la construcción de nuevos espacios constituye una medida de ampliación de la infraestructura. Sin embargo, sus resultados también dependerán de las condiciones de operación, la disponibilidad de personal capacitado y la aplicación de programas efectivos de reinserción.
Administración pública y financiamiento
Uno de los aspectos destacados por la presidenta fue que los nuevos centros no serán operados por empresas privadas, como ocurrió con instalaciones penitenciarias contratadas bajo esquemas de gobiernos anteriores.
La administración quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal o de las secretarías de seguridad de los estados, según corresponda.
En cuanto al financiamiento, Sheinbaum informó que la Secretaría de Hacienda trabaja en la definición del esquema de recursos para los seis proyectos, mientras se identifican los terrenos donde se construirán las instalaciones.
La previsión del gobierno es que las obras concluyan hacia 2028. No obstante, durante el anuncio no se detalló el costo total de los seis complejos ni el calendario específico de construcción para cada entidad.
Mazatlán, primera etapa del proyecto
El primer centro penitenciario se construirá en Mazatlán, Sinaloa, con recursos federales y una capacidad proyectada para dos mil 640 personas.
La decisión se tomó después de los hechos recientes registrados en el penal de esa ciudad. Mientras se concreta la nueva infraestructura, el centro penitenciario cuenta con el refuerzo de la Guardia Nacional y personal de Prevención y Reinserción Social.
La construcción de esta instalación representa el primer paso de un proyecto que busca ampliar la capacidad penitenciaria y atender las necesidades de seguridad en una entidad que enfrenta desafíos en esta materia.
Seguridad y reinserción social: los retos del nuevo modelo
Además de los sistemas de vigilancia y control, los nuevos centros contemplan espacios destinados a la educación, la capacitación para el trabajo, los servicios de salud y las actividades deportivas.
Sheinbaum señaló que el propósito es establecer un modelo penitenciario que permita a las personas privadas de la libertad acceder a oportunidades de trabajo, educación y actividad física durante el cumplimiento de sus sentencias.
La inclusión de estos servicios coloca la reinserción social como uno de los componentes anunciados del proyecto. Su alcance efectivo dependerá de la implementación de programas, la disponibilidad de recursos y la continuidad de las actividades dentro de los centros.
La construcción de seis nuevos penales abre así una nueva etapa en la política de infraestructura penitenciaria del gobierno federal. El desafío será que la ampliación de espacios y el fortalecimiento de la seguridad se traduzcan también en condiciones dignas de internamiento, respeto a los derechos humanos y mejores oportunidades de reinserción social.
