El Gobierno de México informó la apertura de cuatro nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa, a partir del reanálisis de documentos, registros telefónicos y otros elementos recopilados durante los últimos 12 años, con una metodología que incorpora herramientas técnicas y científicas.
La Secretaría de Gobernación señaló que este trabajo permitió ordenar, relacionar y contrastar información que ya formaba parte de la investigación para identificar indicios que no habían sido advertidos o investigados a profundidad.
Las nuevas líneas se concentran en las comunicaciones y los vínculos con establecimientos funerarios y el SEMEFO de Iguala; el seguimiento de tres teléfonos utilizados por los estudiantes después de su desaparición; el testimonio de una persona que participó en los hechos cuando tenía 14 años; y el ocultamiento de videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
Comunicaciones llevan a funerarias y al SEMEFO
La primera línea surgió del análisis de comunicaciones, mediante el cual las autoridades identificaron patrones relacionados con 17 nuevos objetivos de investigación y reconstruyeron vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
De acuerdo con la Segob, se detectaron llamadas entre integrantes de esa organización criminal y personal de establecimientos funerarios y del sector salud.
Una de las personas investigadas y su familia eran propietarias de funerarias, concesionarias del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.
El gobierno informó que en agosto de 2025 se estableció que el propietario de una funeraria utilizó el teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes. A partir de ello se realizaron cateos en octubre de ese año en instalaciones de funerarias y del SEMEFO.
Durante esas diligencias se localizaron un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, además de detectarse irregularidades en la operación del SEMEFO.
Entre marzo y junio de 2026 se realizaron nuevas búsquedas en ese lugar, con la recuperación de 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos.
La dependencia aclaró que estos materiales permanecen bajo análisis pericial para determinar su naturaleza y establecer posibles coincidencias con personas desaparecidas. A petición de las madres y padres de los estudiantes, también participa el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Seguimiento a teléfonos de los estudiantes
La segunda línea corresponde al análisis de la información de tres teléfonos utilizados por los estudiantes y, específicamente, de las personas que utilizaron esos equipos después de su desaparición.
En uno de los casos, esta revisión permitió ejercer acción penal y el 24 de agosto de 2026 se libró una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala, señalado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Otro de los teléfonos fue utilizado posteriormente por un policía municipal de Iguala, quien registró actividad durante la noche de los hechos. Su participación, informó el gobierno, permanece bajo investigación.
El análisis del tercer dispositivo, de acuerdo con la Segob, refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a la barandilla municipal, debido a que el usuario posterior del teléfono estaba relacionado con personas cercanas a un exservidor público de Iguala adscrito a esa dependencia.
La información, señaló la dependencia, contradice lo declarado anteriormente por José Ulises “N”, exjuez de barandilla, ante la entonces Procuraduría General de la República.
Un nuevo testimonio sobre los hechos
La tercera línea deriva del reanálisis documental de los expedientes, que permitió identificar a una persona que habría participado en los hechos y que tenía 14 años en septiembre de 2014.
La persona no había sido identificada previamente, según el gobierno, y rindió declaración el 30 de julio de 2026.
La Segob informó que su testimonio aportó información que refuerza las imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos.
Videograbaciones del Tribunal de Justicia
La cuarta línea está relacionada con el ocultamiento de videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, correspondientes a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El reanálisis permitió, de acuerdo con el gobierno, reconstruir parte de las decisiones tomadas por servidores públicos de alto nivel relacionadas con el ocultamiento del material.
Esta investigación derivó en la detención de la exmagistrada presidenta del Tribunal y de la exvisitadora del órgano jurisdiccional, quienes actualmente enfrentan un proceso penal.
La Segob señaló que las declaraciones de ambas exservidoras públicas, junto con nuevos elementos de investigación, sustentaron la detención del exgobernador de Guerrero el 6 de agosto de 2026, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.
Investigación continuará con apoyo internacional
El gobierno informó que mantiene una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que propondrá especialistas internacionales para participar en el proceso.
Las autoridades señalaron que las acciones inmediatas incluyen ampliar las búsquedas de los estudiantes, profundizar las investigaciones relacionadas con las videograbaciones, las funerarias y el SEMEFO, así como mantener el diálogo con las madres y padres de los 43 normalistas.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Mauricio Pazarán, presentaron los avances.
El gobierno sostuvo que el caso permanece abierto y que la prioridad es localizar a los estudiantes, esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
