El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continuará en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en un esquema de contrabando de combustible, luego de que una jueza federal modificó este viernes la medida cautelar que mantenía en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
La resolución fue emitida durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez. La defensa informó que Ruffo Appel podrá continuar el proceso desde su domicilio en Ensenada, Baja California.
De acuerdo con la información difundida por su defensa, el traslado desde El Altiplano se realizará en las próximas 48 horas, por lo que el exmandatario podría dejar el penal entre el lunes y martes.
El proceso por huachicol fiscal
Ruffo Appel fue detenido en julio pasado por la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
La investigación está relacionada con el denominado huachicol fiscal, mediante el cual las autoridades investigan la introducción y comercialización de combustible de procedencia presuntamente irregular.
Según los antecedentes expuestos por la FGR, Ruffo Appel fue señalado como presunto integrante y líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México por vía ferroviaria.
La investigación está relacionada con el aseguramiento de decenas de carrotanques que transportaban millones de litros de combustible. La Jornada reportó que el expediente incluye el decomiso de más de 15 millones de litros de hidrocarburos en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.
La FGR sostiene que la organización habría utilizado 11 compañías para introducir al país 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos, entre diésel y gasolina, contenidos en 163 carrotanques. Estas son imputaciones de la Fiscalía que forman parte del proceso penal y deberán ser acreditadas ante un juez.
La prisión preventiva
Durante la audiencia inicial, celebrada el 19 de julio, Ruffo Appel fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva justificada.
Su defensa había solicitado desde entonces que pudiera enfrentar el proceso bajo prisión domiciliaria, debido principalmente a que tiene más de 70 años y presenta diversos padecimientos de salud. Sin embargo, la petición fue rechazada inicialmente y el exgobernador permaneció recluido en El Altiplano.
El 23 de septiembre, La Jornada informó que un juez federal había concedido una suspensión definitiva a Ruffo Appel, aunque esa resolución no implicaba todavía un cambio de la medida cautelar ni le permitía abandonar el penal. La propia FGR aclaró entonces que la prisión domiciliaria aún no había sido autorizada y que se esperaba una audiencia específica para revisar la medida.
Esa audiencia se realizó este viernes y concluyó con la modificación de la medida cautelar.
Continuará sujeto al proceso penal
El cambio a prisión domiciliaria no significa que Ruffo Appel haya sido absuelto ni que haya concluido el proceso penal. Se trata de una modificación de las condiciones bajo las cuales enfrentará el procedimiento judicial.
La acusación de la Fiscalía permanece vigente y el proceso continuará mientras se desarrollan las distintas etapas judiciales.
La defensa ha sostenido que Ruffo Appel cumple con los requisitos para permanecer bajo resguardo domiciliario por ser mayor de 70 años y que no existe riesgo de fuga. También ha argumentado que el exgobernador se presentó voluntariamente a declarar dentro de la investigación antes de su detención.
Del Altiplano a Ensenada
Con la resolución de este viernes, Ruffo Appel dejará el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde permanecía desde su detención, y continuará el proceso desde su domicilio en Ensenada.
La medida establece que permanezca bajo resguardo domiciliario mientras enfrenta las acusaciones formuladas por la FGR en el expediente relacionado con el contrabando de hidrocarburos.
El caso contra el exgobernador forma parte de una investigación más amplia sobre una presunta red dedicada al denominado huachicol fiscal, en la que también han sido procesadas otras personas. La Jornada había reportado que tres coacusados obtuvieron previamente el beneficio de prisión domiciliaria.
