FGR detiene a apoderada legal de Ingemar, vinculada a red de contrabando de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa señalada por las autoridades como una de las piezas de la red investigada por presunto contrabando de hidrocarburos por ferrotanques, caso en el que también está procesado el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel.

La captura se realizó en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La detenida fue puesta a disposición de un juez federal con sede en el Altiplano.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Hernández Hinojosa habría intervenido en operaciones de comercio exterior en las que presuntamente se declaraban volúmenes de hidrocarburos significativamente menores a los que realmente eran transportados. La Fiscalía también le atribuye participación en actos jurídicos y comerciales relacionados con Ingemar, entre ellos la formalización de contratos para la distribución de petrolíferos y gestiones ante autoridades aduaneras.

La investigación señala además que Hernández Hinojosa figuraba como firmante autorizada de diversas cuentas bancarias de Ingemar, circunstancia que, según el Ministerio Público Federal, le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa. Durante una audiencia inicial celebrada por videoconferencia, la Fiscalía presentó estos elementos ante el juez federal.

La captura deriva de una investigación que comenzó después del aseguramiento, en julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Las autoridades realizaron entonces inspecciones y tomaron muestras que confirmaron la presencia de hidrocarburos. A partir de ese hallazgo, la FGR reconstruyó lo que considera una estructura dedicada al contrabando de combustible mediante transporte ferroviario.

Según la Fiscalía, el supuesto esquema habría utilizado empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y mecanismos financieros, además de contar presuntamente con la complicidad de servidores públicos. Ingemar es identificada como una de las empresas utilizadas dentro de esta estructura.

Ingemar, una de las empresas señaladas

La FGR ubica a Ernesto Ruffo Appel, José Merino Valdés Cuervo, José Luis Rangel Martínez y Guadalupe Hernández Hinojosa como presidente y apoderados de Ingemar. La investigación también menciona a Armando III Riestra Fernández, propietario de Servicios Aduanales JR.

De acuerdo con datos de la investigación citados por medios nacionales, la organización habría utilizado 11 empresas para importar petrolíferos mediante declaraciones aduanales que reportaban alrededor de 10 por ciento del volumen que realmente era transportado, con lo que presuntamente se evadían impuestos como el IEPS y el IVA.

En el caso específico de Ingemar, la Fiscalía le atribuye el ingreso de 161 ferrotanques con más de 18 millones de litros de petrolífero presuntamente introducido de manera irregular, además de un daño al fisco superior a 166 millones de pesos, según los datos de la investigación citados en la cobertura.

Con la detención de Hernández Hinojosa, suman nueve personas capturadas en este caso, de acuerdo con la información difundida por la FGR. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

La nueva captura ocurre semanas después de la detención y posterior vinculación a proceso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, a quien la Fiscalía señala como uno de los integrantes de la estructura investigada por el presunto contrabando de combustible. La defensa del exmandatario ha rechazado las acusaciones y el propio Ruffo ha sostenido que el proceso tiene motivaciones políticas.

La FGR, por su parte, ha señalado que la investigación se sustenta en datos de prueba relacionados con la operación de la red y que el caso surgió de una investigación sobre el huachicol ferroviario, que posteriormente permitió identificar una estructura de mayor dimensión.

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