La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel «N», a quien acusa de ordenar el ocultamiento y la destrucción de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
En un mensaje a la nación, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos señaló que la captura deriva de un nuevo modelo de investigación que permitió reanalizar de manera «profunda, exhaustiva y detallada» las actuaciones existentes en el expediente, lo que abrió nuevas líneas de investigación y permitió acreditar, con nuevos elementos de prueba, la posible participación del exmandatario estatal en la destrucción de evidencia.
Godoy informó que un juez federal concedió una orden de aprehensión por los delitos de contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, la cual fue cumplimentada este jueves en el Estado de México, «con pleno respeto a sus derechos humanos».
La videograbación del Palacio de Justicia
La fiscal explicó que uno de los hallazgos centrales de la nueva investigación está relacionado con las cámaras de videovigilancia ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la FGR, la noche del 26 de septiembre de 2014, las cámaras de seguridad identificadas con los números 12 y 15 captaron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales.
Sin embargo, las primeras investigaciones oficiales sostuvieron que ese material videográfico no existía debido a supuestas fallas técnicas del sistema.
Ernestina Godoy afirmó que las nuevas diligencias permitieron establecer que esa versión era falsa.
Testigos protegidos fortalecieron la investigación
La fiscal informó que, en enero de 2026, una persona colaboradora declaró que las videograbaciones sí existían y señaló que fueron sustraídas para ser entregadas directamente a Ángel «N», además de explicar que previamente había guardado silencio debido a amenazas.
Posteriormente, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido confirmó esa versión y aseguró que el entonces gobernador encabezó una reunión con integrantes de alto nivel de su administración en la que ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Según la FGR, la investigación reúne elementos que permiten sostener que el ocultamiento de las grabaciones no fue una omisión técnica, sino una operación deliberada organizada desde la estructura del Poder Ejecutivo estatal.
Nueva línea de investigación
Durante su mensaje, Ernestina Godoy aseguró que el reanálisis del expediente permitió abrir nuevas líneas de investigación y reiteró que la Fiscalía continuará trabajando para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y llevar ante la justicia a todas las personas involucradas.
«Mantendremos al tanto a las familias de los 43 jóvenes y al pueblo de México sobre nuevos avances en las investigaciones, conforme nos lo permita el debido proceso», señaló.
La fiscal sostuvo que las investigaciones continuarán con rigor científico y apego al debido proceso.
«No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos. Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias», afirmó.
Un caso que sigue abierto
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y continúa siendo uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.
La detención del exgobernador representa uno de los movimientos de mayor nivel político dentro de la investigación, al atribuirle la presunta responsabilidad de ordenar el ocultamiento de evidencia considerada clave para el esclarecimiento de los hechos.
