La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca unificar en todo el país los criterios para investigar y sancionar este delito, fortalecer los derechos de las víctimas y combatir la impunidad.
Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que la nueva legislación permitirá que todas las fiscalías estatales investiguen los feminicidios bajo los mismos estándares, con perspectiva de género y protocolos homologados, para evitar que estos crímenes sean clasificados como suicidios u otros delitos.
Sheinbaum señaló que actualmente muchas fiscalías tardan en reconocer los antecedentes de violencia que sufrían las víctimas o incluso clasifican las muertes violentas de mujeres como suicidios, lo que dificulta sancionar el feminicidio y propicia la impunidad. La nueva legislación, dijo, busca corregir esas deficiencias mediante procedimientos homogéneos en todo el país.
“Esta ley general garantiza que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, afirmó.
Sheinbaum recordó que, como la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, asumió el compromiso de impulsar una agenda de protección integral para las mujeres. En ese contexto destacó que durante su administración se incorporaron a la Constitución la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y medidas para eliminar la brecha salarial.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa establece una definición única del delito de feminicidio para todo el país al señalar que incurre en él quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Para ello se contemplan diez circunstancias que permiten acreditar esas razones, entre ellas antecedentes de violencia, violencia sexual, relaciones de poder y delitos motivados por estereotipos de género.
La propuesta también fija penas de 50 a 70 años de prisión y considera 19 agravantes que aumentarán la sanción cuando la víctima sea una mujer embarazada, con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando el responsable sea un servidor público o existan actos de extrema violencia, como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Además de la pena de prisión, las personas responsables perderán la patria potestad, la guarda y custodia, los derechos sucesorios y serán destituidas e inhabilitadas para ocupar cargos públicos. La iniciativa establece que el delito, su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles y elimina la posibilidad de acceder a beneficios como amnistías, libertad condicionada o criterios de oportunidad.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, señaló que la ley obliga a realizar investigaciones con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, preservación adecuada de indicios y coordinación permanente entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, garantizando que la fiscalía especializada acompañe el caso durante todo el proceso penal.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, destacó que la iniciativa fortalece la atención integral a las víctimas directas e indirectas mediante servicios médicos y psicológicos de emergencia, asesoría jurídica gratuita, atención especializada para niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad, así como mecanismos de reparación integral del daño.
Entre las acciones previstas la iniciativa contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, campañas permanentes de prevención, grupos técnicos de apoyo, planes integrales de protección para sobrevivientes y la actualización de los registros nacionales sobre este delito.
La presidenta informó que los feminicidios han disminuido 36 por ciento en comparación con 2021, aunque subrayó que el objetivo de su gobierno es erradicar por completo esta forma extrema de violencia contra las mujeres.
Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca construir un marco jurídico nacional que garantice investigaciones homogéneas, sanciones más severas y una atención integral a las víctimas, como parte de la estrategia para prevenir y erradicar la violencia feminicida en el país.
