La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez presentó una iniciativa de reforma al artículo 2° de la Constitución para establecer que los usos y costumbres no podrán justificar, en ningún caso, el matrimonio infantil ni cualquier forma de unión forzada que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, plantea que los sistemas normativos indígenas deberán armonizarse con el principio del interés superior de la niñez, el cual prevalecerá sobre cualquier norma o práctica comunitaria.
Además, establece que el Estado garantizará que el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no sea utilizado para sustraer a personas menores de edad de la protección que les otorgan la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La legisladora argumentó que en diversas regiones del país persisten matrimonios y uniones tempranas de menores de edad justificadas mediante usos y costumbres, acuerdos familiares, dotes o arreglos económicos, prácticas que calificó como una forma de violencia estructural que afecta principalmente a niñas y adolescentes.
Cruz Jiménez señaló que organismos internacionales consideran el matrimonio infantil una grave violación a los derechos humanos y un obstáculo para alcanzar la igualdad de género, debido a las consecuencias que genera en la vida de las víctimas, como violencia física, sexual y psicológica, abandono escolar y reproducción de ciclos de pobreza.
Aunque México prohíbe legalmente el matrimonio antes de los 18 años, la diputada advirtió que continúan registrándose uniones tempranas informales, especialmente en contextos de alta marginación.
La iniciativa sostiene que ninguna tradición cultural puede justificar la vulneración de los derechos de la niñez y recuerda que el artículo 4° constitucional obliga al Estado a garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
De aprobarse, la reforma establecería de manera expresa en la Constitución que ningún sistema normativo interno podrá justificar el matrimonio infantil, ya sea formal o informal, ni bajo argumentos culturales, económicos o religiosos.
“La diversidad cultural es valiosa, pero no puede sostener prácticas que vulneran la dignidad humana. El matrimonio infantil no es tradición, es violencia estructural”, señala la exposición de motivos de la propuesta.
