La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió riesgos institucionales en la iniciativa de reforma electoral impulsada por el Gobierno federal que plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del órgano electoral.
En un posicionamiento difundido por el INE, Taddei sostuvo que el instituto “no puede ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política”, al considerar que una eventual asignación de funciones relacionadas con la validación de perfiles podría vulnerar el carácter neutral e imparcial de la autoridad electoral.
“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia”, afirmó.
La consejera presidenta explicó que la iniciativa presentada el pasado 22 de mayo por la Presidencia de la República propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para incorporar un mecanismo orientado a revisar perfiles de candidaturas mediante una nueva comisión integrada por cinco consejeras o consejeros electorales.
Detalló que el proyecto plantea que dicho órgano funcione como un canal formal y confidencial entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.
Según la propuesta, el procedimiento iniciaría con la entrega voluntaria de listas de aspirantes por parte de partidos políticos o candidaturas independientes; posteriormente, el INE remitiría la información a distintas autoridades para la elaboración de análisis de riesgo.
Una vez concluido el proceso, las instituciones correspondientes comunicarían la existencia o no de un “riesgo razonable”, información que sería notificada a los actores políticos bajo principios de confidencialidad.
Taddei subrayó que la iniciativa mantiene la responsabilidad de los partidos políticos sobre la selección de candidaturas y establece que la participación en el mecanismo sería voluntaria.
No obstante, alertó que existen áreas de oportunidad en la propuesta legislativa para delimitar con claridad las atribuciones institucionales y evitar que el INE quede colocado en el centro de disputas políticas.
“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas”, señaló.
La presidenta del INE insistió en que la naturaleza del instituto es estrictamente administrativa y electoral, no ministerial ni judicial.
“Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, enfatizó.
En ese sentido, sostuvo que las tareas de investigación y persecución de posibles vínculos con actividades ilícitas corresponden exclusivamente a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública.
Taddei reiteró que corresponde al Congreso de la Unión discutir y definir el diseño institucional de la reforma electoral, aunque manifestó la disposición del INE para aportar información técnica y experiencia operativa durante el debate legislativo.
“En caso de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma, el Instituto asumirá el mandato con responsabilidad”, aseguró.
Asimismo, la consejera presidenta se refirió a la propuesta para incorporar una causal de nulidad electoral por intervención extranjera, la cual —dijo— implicaría la elaboración de nuevos lineamientos y mecanismos de vigilancia sobre el financiamiento externo en los procesos electorales.
Finalmente, planteó que el combate a cualquier intento de infiltración de intereses ilícitos en la vida democrática debe ser una responsabilidad compartida entre todas las instituciones del Estado mexicano, preservando la confianza ciudadana y la imparcialidad del sistema electoral.
