La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y aseguró que la propuesta para revisar posibles vínculos de candidatos con la delincuencia organizada no busca otorgar facultades de investigación al órgano electoral.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la titular del INE interpretó incorrectamente la iniciativa y aclaró que el instituto únicamente funcionaría como enlace institucional entre los partidos políticos y autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Fiscalía General de la República (FGR).
“Yo creo que entendió mal la consejera presidenta del INE”, expresó Sheinbaum.
La presidenta explicó que el objetivo de la propuesta es brindar elementos a los partidos políticos para que determinen si mantienen o no una candidatura, particularmente en casos donde existan posibles antecedentes relacionados con actividades ilícitas.
“No se le está pidiendo al INE que ellos resuelvan, no, que sean el canal para preguntarle a las instituciones correspondientes y que regresen esa información al partido político”, sostuvo.
Detalló que la iniciativa contempla la creación de una comisión de consejeros electorales que pueda solicitar información a instituciones de seguridad y procuración de justicia cuando un partido político lo requiera.
Sheinbaum insistió en que el órgano electoral no tendría facultades para determinar si una persona puede o no competir en una elección, ya que esa decisión seguiría siendo responsabilidad de los institutos políticos.
“¿Qué hace el INE?, ¿ya resuelve?, no, se lo regresa al partido político. ¿Quién toma la decisión de si lo postula o no?, el partido político”, afirmó.
Las declaraciones de la mandataria se dieron luego de que Guadalupe Taddei advirtiera que una propuesta de ese tipo podría poner en riesgo la imparcialidad y neutralidad del INE.
Ante ello, Sheinbaum reiteró que la intención no es convertir al instituto en una autoridad investigadora o judicial, sino fortalecer mecanismos preventivos para evitar que personas con posibles vínculos delictivos lleguen a cargos públicos.
La mandataria consideró además que el debate sobre la iniciativa es positivo y abrió la posibilidad de que el Congreso realice ajustes a la redacción para dejar más claros sus alcances y evitar interpretaciones erróneas.
Finalmente, sostuvo que la propuesta busca fortalecer la transparencia y la revisión de perfiles dentro de los procesos electorales, sin afectar la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral.
