En el acto participaron representantes de alto nivel de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, quienes recibieron el documento elaborado por la CIDH, encabezada por la comisionada y relatora para México, Andrea Pochak.
Durante la presentación se expuso la ruta de atención impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual, según el gobierno federal, coloca a las familias de las víctimas en el centro de las acciones institucionales para mejorar los resultados en búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Entre los avances destacados por las autoridades se encuentra la reforma legislativa aprobada en 2025, construida con la participación de familiares y colectivos, así como la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, afirmó que la desaparición de personas fue definida por la presidenta como una prioridad nacional y señaló que todas las instituciones del Estado colaboran para combatir este delito y atender a las víctimas.
“El Estado mexicano ha construido reformas, mecanismos y acciones escuchando las voces de las víctimas y de sus familias”, señaló el funcionario, quien también destacó que la CIDH incorporó información y observaciones presentadas por el gobierno mexicano durante la elaboración del informe.
Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, sostuvo que las soluciones al problema de las desapariciones deben construirse mediante la colaboración entre instituciones de los distintos órdenes de gobierno y con la participación de la sociedad civil.
El evento contó con la presencia de familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, organizaciones civiles, representantes diplomáticos y agencias de Naciones Unidas.
El gobierno federal informó que mantendrá el diálogo con la CIDH y ampliará la cooperación con organismos internacionales, particularmente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda e identificación.
Entre las acciones actualmente en operación, el gobierno destacó la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y de la Plataforma Única de Identidad.
También mencionó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento para la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y organismos de atención a víctimas dentro del Sistema Nacional de Búsqueda.
