La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó que el Gobierno de México haya intentado impedir o bloquear actividades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su reciente visita al país, luego de la polémica generada por la cancelación anticipada de parte de su gira.
En un comunicado, la dependencia federal aseguró que el recorrido de la funcionaria española se desarrolló “en un ambiente de total libertad”, y sostuvo que en ningún momento existó intención de limitar sus presentaciones públicas o privadas.
“México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa”, señaló la Segob.
La aclaración se produjo después de que el gobierno madrileño acusó a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover un supuesto “boicot” contra la visita de Díaz Ayuso, particularmente en relación con su asistencia a los Premios Platino en Riviera Maya.
De acuerdo con medios españoles y mexicanos, la presidenta madrileña decidió cancelar el resto de su agenda en México y regresar anticipadamente a España, argumentando un clima adverso tras las críticas por sus declaraciones sobre la Conquista y el mestizaje.
La Comunidad de Madrid incluso aseguró que existieron amenazas para impedir su presencia en la gala de los Premios Platino; sin embargo, Grupo Xcaret negó públicamente haber recibido presiones por parte del Gobierno mexicano y afirmó que la decisión de retirarle la invitación obedeció al interés de evitar la politización del evento.
Durante su estancia en México, Díaz Ayuso enfrentó protestas y manifestaciones de rechazo. Uno de los episodios ocurrió en Aguascalientes, donde una regidora de Morena interrumpió un acto oficial con una pancarta de protesta antes de que la funcionaria española ofreciera un discurso.
Asimismo, la visita generó críticas por su participación en homenajes a Hernán Cortés y por declaraciones en las que calificó a México como un “narcoestado”, lo que desató cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.
Pese a la controversia, el Gobierno federal insistió en que México garantiza la libre expresión y el desarrollo abierto de actividades políticas y públicas.
