El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense, una medida que podría derivar en el cierre de algunas oficinas diplomáticas, reveló CBS News.
De acuerdo con el reporte, la revisión ocurre en medio del aumento de tensiones bilaterales por temas de seguridad, combate al narcotráfico y violencia relacionada con los cárteles, además de la muerte de dos funcionarios estadounidenses vinculados con la CIA durante una operación antidrogas en el norte de México el mes pasado.
Un funcionario del Departamento de Estado señaló a CBS News que el análisis forma parte de una estrategia más amplia para alinear la política exterior estadounidense con las prioridades de la administración del presidente Donald Trump.
“El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘Estados Unidos Primero’ del Presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”, declaró Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales.
México cuenta actualmente con la mayor red consular extranjera en Estados Unidos, con 53 oficinas que brindan servicios de documentación, asistencia legal y protección consular a millones de mexicanos radicados en ese país, principalmente en estados como California, Texas y Arizona.
CBS recordó que en años recientes el cierre de consulados por parte de Washington ha estado asociado a conflictos diplomáticos con países rivales. En 2020, la administración Trump ordenó cerrar el consulado de China en Houston por presuntos casos de espionaje, mientras que en 2017 Estados Unidos obligó a Rusia a clausurar su consulado en San Francisco y otras instalaciones diplomáticas.
La tensión entre ambos países se intensificó después de la muerte de dos funcionarios estadounidenses —posteriormente identificados por CBS como trabajadores de la CIA— y dos investigadores mexicanos, quienes fallecieron tras un accidente vehicular ocurrido en una zona montañosa donde se investigaban presuntos laboratorios de droga.
El caso detonó un nuevo desencuentro diplomático luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente si los agentes estadounidenses contaban con autorización del gobierno mexicano para participar en operaciones dentro del país y exigiera explicaciones a la administración Trump.
La disputa escaló nuevamente en días recientes después de que autoridades estadounidenses anunciaran cargos por narcotráfico y posesión de armas contra figuras políticas mexicanas, además de emitir solicitudes de extradición, entre ellas una contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Esta semana, Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a Washington para solicitar pruebas al Departamento de Justicia sobre las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos.
Por su parte, Rocha negó los señalamientos, los calificó como falsos y anunció que solicitará licencia temporal al cargo para atender su defensa y colaborar con las investigaciones.
La embajada de Estados Unidos en México sostuvo posteriormente que el combate al crimen organizado y la corrupción continúa siendo una prioridad compartida entre ambos gobiernos, aunque evitó pronunciarse sobre casos específicos.
El reporte de CBS también señala que la disputa ocurre en medio de una ofensiva más amplia de la CIA contra el narcotráfico bajo la dirección de John Ratcliffe, estrategia que ha incluido mayor intercambio de inteligencia con México, capacitación a unidades antidrogas y vuelos de drones de vigilancia sobre territorio mexicano.
La creciente participación de agencias estadounidenses ha reavivado el debate en México sobre soberanía nacional y cooperación en seguridad, especialmente después de que Donald Trump planteara nuevamente la posibilidad de emprender acciones militares unilaterales contra los cárteles mexicanos.
